El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas para fortalecer la propiedad social y garantizar mayor protección jurídica a los territorios, el patrimonio y los derechos colectivos de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas, mediante modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reconocen a ejidos y comunidades como sujetos de derecho público
El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla reconocer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena, patrimonio propio y acceso directo a programas y recursos públicos.
La reforma también busca facilitar su participación en mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo, fortaleciendo su capacidad para gestionar proyectos y proteger sus territorios.
Buscan prevenir el despojo y la concentración de tierras
Durante la discusión, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que la tierra representa mucho más que un espacio para producir alimentos, pues constituye identidad, cultura, pertenencia y patrimonio para miles de familias.
Asimismo, subrayó que las modificaciones contemplan medidas para proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, además de prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios.
Propiedad social vinculada al desarrollo sustentable
El legislador señaló que estas disposiciones también buscan relacionar la protección de la tierra con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar comunitario.
Finalmente, Aguilar Carrillo consideró que esta reforma representa un avance en el reconocimiento de los derechos de quienes han defendido sus tierras durante generaciones, enfrentando dificultades económicas y desigualdades históricas.
La aprobación busca fortalecer la justicia social mediante una mayor certeza jurídica para las comunidades rurales e indígenas y el reconocimiento de su papel en el desarrollo del país.
