El Grupo Parlamentario del PRI ha dado un paso importante en la protección de la dignidad humana con una propuesta que busca endurecer las penas por la difusión indebida de imágenes de personas fallecidas. La iniciativa, presentada por la diputada Sughey Torres Rodríguez, tiene como objetivo fortalecer la legislación existente y garantizar que la privacidad de los fallecidos, especialmente en casos de feminicidio, accidentes o violencia, sea respetada, incluso después de su muerte.
Una propuesta necesaria para la ética y el respeto
La diputada Sughey Torres destacó que la propuesta no busca crear nuevos delitos, sino reforzar los existentes en el Código Penal del Estado. En su intervención, la legisladora subrayó que el uso desmedido de la tecnología, particularmente en redes sociales, debe tener límites, sobre todo cuando se trata de imágenes sensibles que involucran a personas fallecidas.
“Legislar sobre este tema no solo es un acto de respeto a la dignidad post mortem, sino también una necesidad ética en un entorno donde el uso de la tecnología debe tener límites”, expresó la diputada. De acuerdo con su propuesta, la reforma busca evitar que servidores públicos utilicen material relacionado con hechos delictivos sin el consentimiento adecuado, protegiendo tanto a las víctimas como a sus familiares.
Impacto emocional y revictimización
El mal uso de fotografías o videos de personas fallecidas no solo vulnera la privacidad de los individuos, sino que también genera un profundo daño emocional a los familiares, quienes enfrentan una revictimización innecesaria. Según Sughey Torres, la difusión de este tipo de material en medios de comunicación o redes sociales afecta la memoria y el respeto que deben recibir las personas fallecidas, y aumenta el sufrimiento de aquellos que aún están procesando la pérdida.
La legisladora explicó que, en la actualidad, el artículo 364 del Código Penal del Estado establece sanciones de seis meses a seis años de prisión, así como multas económicas, para los servidores públicos que difundan o compartan indebidamente imágenes o información relacionada con hechos delictivos. Sin embargo, Torres Rodríguez hizo hincapié en que es necesario reforzar este marco legal para que los funcionarios comprendan la gravedad de sus actos.
Refuerzo de sanciones en casos de feminicidio
Una de las principales propuestas de la diputada Torres es aumentar las penas en un 50% cuando las imágenes involucren a mujeres víctimas de feminicidio, así como a niñas, niños o adolescentes. Este refuerzo busca garantizar que los servidores públicos actúen con ética y profesionalismo, entendiendo la sensibilidad de los casos que involucran a menores de edad y víctimas de feminicidio.
“La dignidad humana no termina con la muerte, sino que debe guardarse respeto incluso cuando las personas dejan de existir físicamente, ya que este es un principio reconocido en la ley nacional, en las normas locales y en los estándares internacionales de derechos humanos”, enfatizó la diputada. Este principio no solo tiene un fuerte respaldo en la legislación nacional, sino que también se alinea con las normativas internacionales sobre la protección de derechos humanos.
La empatía y el respeto deben prevalecer
La iniciativa también aborda la sensibilidad y empatía que debe prevalecer en los servidores públicos, considerando que el trato ético hacia las víctimas y sus familias debe ser una prioridad para quienes tienen la responsabilidad de manejar información sensible. Torres Rodríguez señaló que esta reforma es un paso necesario hacia una cultura de respeto y solidaridad con los afectados por tragedias como feminicidios y accidentes.
Además de sus implicaciones jurídicas, la propuesta busca promover un cambio en el comportamiento de los servidores públicos, garantizando que la dignidad post mortem se preserve y que se evite que la tecnología y los medios de comunicación sean utilizados para causar más dolor a las víctimas y sus seres queridos.
