La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Lilia Amaya Rosales, propuso establecer la obligación de que las y los alcaldes de Durango realicen al menos dos audiencias públicas al mes, mediante reformas a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. La iniciativa busca facilitar el acceso de la población a sus autoridades y mejorar la atención de las demandas ciudadanas.
Sandra Amaya busca acercar a los alcaldes a la ciudadanía
Al ampliar los motivos de su propuesta, la legisladora señaló que la cercanía entre los gobiernos municipales y la población debe convertirse en una obligación legal, independientemente del partido político que encabece cada administración.
“Hagamos de la cercanía con el pueblo una obligación legal y no una promesa de campaña”, expresó.
Audiencias públicas en colonias y comunidades
La iniciativa contempla que las audiencias puedan realizarse tanto en las instalaciones de los ayuntamientos como mediante jornadas de atención en colonias, comunidades y localidades de cada municipio.
Amaya Rosales explicó que estos encuentros permitirían escuchar y canalizar solicitudes relacionadas con problemas cotidianos, como el abastecimiento de agua potable, el alumbrado público, la rehabilitación de caminos rurales y las mejoras en el entorno de las familias.
Asimismo, destacó que las condiciones geográficas y económicas de Durango pueden dificultar el traslado de habitantes de comunidades alejadas hasta las cabeceras municipales, por lo que consideró necesario acercar los servicios de atención a estos sectores.
Proponen seguimiento a las solicitudes ciudadanas
La diputada subrayó que las audiencias públicas no deben limitarse a reuniones protocolarias, sino que deben servir para identificar necesidades prioritarias, canalizar las peticiones a las áreas correspondientes y dar seguimiento a los planteamientos ciudadanos, conforme a los procedimientos administrativos aplicables.
“El gobierno no puede estar alejado del pueblo. Tiene que caminar con él, escucharlo de frente y responder con hechos”, manifestó.
Con esta propuesta, la legisladora busca establecer un mecanismo institucional para fortalecer la comunicación entre las autoridades municipales y la sociedad, de modo que la atención ciudadana no dependa únicamente de la disposición personal de cada administración.
