Con el fin de fortalecer las instituciones de seguridad y garantizar transparencia y confianza en los procesos de nombramiento, la diputada Sandra Amaya Rosales propuso una reforma a la Ley de Seguridad Pública para el Estado. Su iniciativa busca asegurar que los titulares de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal cuenten con los perfiles idóneos, con la experiencia, formación y la legitimidad necesarias para desempeñar este cargo clave para la seguridad de los ciudadanos.
«La seguridad pública es el cimiento sobre el cual se construye la paz social, el desarrollo económico y la confianza ciudadana. No se fortalece solo con voluntad, sino con instituciones sólidas y leyes claras«, expresó Amaya Rosales al detallar su propuesta en el Congreso del Estado.
La Falta de Requisitos Claros en la Actual Legislación
Actualmente, la legislación estatal otorga a los presidentes municipales la facultad de nombrar al director de Seguridad Pública Municipal sin establecer requisitos específicos que aseguren la idoneidad del perfil del candidato. Esta situación ha permitido que algunas decisiones de nombramiento sean discrecionales, lo que genera desconfianza entre la ciudadanía.
Amaya Rosales subrayó que, en muchos casos, no se ha garantizado que los titulares de Seguridad Pública Municipal tengan la experiencia y formación adecuada para manejar temas tan sensibles como la seguridad de los ciudadanos. Esta laguna en la ley ha puesto en evidencia la necesidad de un marco legal más riguroso y transparente.
Reforma para Exigir Requisitos Claros
La propuesta de la diputada Sandra Amaya Rosales establece la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Pública para exigir requisitos específicos y verificables en los nombramientos de los titulares municipales de seguridad. Según la reforma, estos deben:
Acreditar experiencia mínima en cargos de mando o responsabilidad en materia de seguridad.
Contar con formación profesional o certificación en áreas afines a la seguridad pública.
Obtener la aprobación de la mayoría del Cabildo, quien evaluará su perfil, experiencia y plan de trabajo.
“La coordinación institucional no es subordinación, sino corresponsabilidad. Al requerir la aprobación del Cabildo, se garantiza transparencia, equilibrio y legitimidad ante la ciudadanía», puntualizó Amaya Rosales, dejando claro que este cambio no limita la autonomía de los municipios, sino que la fortalece.
Impacto en la Autonomía Municipal y la Transparencia
Uno de los puntos clave que enfatizó la diputada es que su propuesta no interfiere con la autonomía de los municipios, sino que la refuerza. Al requerir la aprobación del Cabildo, la propuesta garantiza un proceso más transparente y democrático, en el que los ciudadanos pueden confiar en que se están tomando las mejores decisiones para su seguridad.
La diputada destacó que la coordinación entre las autoridades locales y las federales es esencial para fortalecer la seguridad pública en todo el país, y que este tipo de reformas contribuyen a establecer un sistema de seguridad más eficiente y legítimo.
Alineación con la Política Nacional de Seguridad
La propuesta de reforma de Sandra Amaya también se alinea con la política de seguridad pública impulsada por el Gobierno de la República. Esta política se centra en la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la certificación de los mismos, y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Amaya Rosales mencionó que, para cumplir con las expectativas de la política nacional, es necesario que los titulares de las direcciones de seguridad pública tengan una preparación adecuada que les permita enfrentar de manera efectiva los retos de seguridad que enfrentan las comunidades.
Un Paso Hacia una Seguridad Pública Eficiente
La reforma propuesta también tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, y garantizar que los titulares tengan la capacidad de gestionar de manera efectiva los desafíos que implica mantener el orden y la paz en sus respectivos municipios.
“Es esencial que quienes asumen cargos tan cruciales para la seguridad pública cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con su función de manera eficiente y responsable. Esta reforma busca asegurar que los nombramientos sean legítimos y basados en criterios claros de calificación y experiencia”, subrayó Amaya.
