La fiscalización y la correcta transición de los bienes públicos se colocan en el centro del debate legislativo de la entidad. Con el firme propósito de garantizar administraciones más abiertas a la ciudadanía, la Jugocopo promueve procesos de entrega-recepción transparentes a través de una propuesta de reforma que busca reestructurar el marco normativo actual para dar certeza jurídica a las transiciones institucionales en los municipios y los poderes estatales.
Reformas a la Ley de Entrega-Recepción
La iniciativa que encabeza el diputado Ernesto Alanís Herrera plantea modificaciones a la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios, alineándose con las leyes de responsabilidades administrativas.
Obligaciones para los servidores públicos salientes
La normativa busca obligar a los funcionarios entrantes y salientes a cumplir con lineamientos estrictos al concluir sus encargos gubernamentales.
Recursos y documentos sujetos a fiscalización
El proyecto con el que la Jugocopo promueve procesos de entrega-recepción transparentes estipula una entrega clara y ordenada de:
Capital humano: El estatus de los recursos humanos de cada dependencia.
Finanzas y materiales: El desglose de recursos financieros y bienes materiales.
Información pública: Documentación, archivos y asuntos bajo su responsabilidad directa.
Nuevas herramientas y plazos legales
Los cambios constitucionales propuestos otorgan facultades específicas a los órganos fiscalizadores y extienden ciertos periodos para asegurar el debido proceso de revisión.
Fortalecimiento de la Secretaría de Contraloría
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental tendrá la atribución de emitir formatos únicos y modelos de actas para homologar los criterios en todo el estado.
Mecanismos de control e integridad administrativa
Junta de aclaraciones: Se formaliza un espacio posterior a la firma para solventar inconsistencias en los informes.
Entrega preliminar: Una nueva figura legal para resguardar archivos y asuntos urgentes, evitando que se detenga la operación pública.
Ampliación de tiempos: Plazos más razonables para notificaciones, requerimientos y diligencias oficiales.
Reporte de irregularidades por funcionarios entrantes
Por último, las modificaciones legales precisan la obligatoriedad de que las nuevas autoridades informen de manera puntual cualquier anomalía detectada. Las actas finales deberán incluir de forma obligatoria la estructura orgánica, el marco jurídico, los programas en ejecución y un informe ejecutivo integral, facilitando las tareas de auditoría.
