Buscan elevar penas por delitos con inteligencia artificial

Rocío Rebollo propone aumentar hasta 50% las penas por delitos con inteligencia artificial en Durango para combatir fraudes y extorsiones.

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La diputada Rocío Rebollo Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, propuso reformar el Código Penal de Durango para agravar las penas por delitos con inteligencia artificial, cuando esta tecnología sea utilizada para facilitar o cometer ilícitos dolosos, como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y manipulación de imágenes.

Proponen castigos más severos por delitos digitales

Durante la ampliación de motivos, la legisladora advirtió que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial también ha abierto nuevas posibilidades para la delincuencia, particularmente mediante la clonación de voces, la creación de imágenes falsas y la manipulación de videos para engañar a las víctimas.

“La Inteligencia Artificial puede imitar una voz, fabricar una imagen y construir una mentira casi perfecta, pero hay algo que ninguna máquina debe sustituir: la responsabilidad de quien decide hacer daño”, expresó.

Ciberacoso y suplantación de identidad entre las principales preocupaciones

Rebollo Mendoza señaló que, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI, el 24.5 por ciento de la población usuaria de internet de 12 años y más en Durango experimentó alguna situación de ciberacoso.

Entre las conductas reportadas se encuentran el contacto mediante identidades falsas, la suplantación de identidad, las amenazas y la difusión de información personal.

Las penas podrían aumentar hasta 50 por ciento

La iniciativa plantea incrementar hasta en una mitad las penas cuando se demuestre que la inteligencia artificial tuvo una función relevante para facilitar la comisión del delito, suplantar identidades, manipular contenidos, engañar a las víctimas, dificultar la identificación del responsable o ampliar el daño ocasionado.

Buscan evitar criminalizar el desarrollo tecnológico

La diputada aclaró que la propuesta no pretende responsabilizar penalmente a desarrolladores, investigadores, estudiantes o empresas por utilizar legítimamente estas herramientas.

La responsabilidad alcanzaría a quienes, con conocimiento de una finalidad delictiva, participen efectivamente en la preparación o ejecución del ilícito mediante el diseño, programación, modificación o suministro de sistemas de inteligencia artificial.

Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI busca actualizar la legislación estatal ante los nuevos riesgos tecnológicos y fortalecer la protección de la ciudadanía frente a las modalidades emergentes de delincuencia digital.

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