El Congreso del Estado de Durango evalúa un proyecto enfocado en la vulnerabilidad infantil. La diputada Gaby Vázquez Chacón presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de salvaguardar y proteger a la niñez en desamparo mediante un marco legal claro.
Modificaciones para el reconocimiento legal de la infancia
La propuesta legislativa, impulsada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, busca definir explícitamente en la ley el concepto de situación de desamparo. Vázquez Chacón señaló que nombrar la realidad es indispensable para identificar con precisión a los menores abandonados o sin cuidados que requieren ayuda estatal para proteger a la niñez en desamparo de forma efectiva.
Nuevas obligaciones y facultades para el Sistema DIF
El proyecto de ley incrementa las responsabilidades del Sistema DIF Estatal en la entidad. La reforma mandata la creación y actualización constante de herramientas de control para un seguimiento pormenorizado de los casos de vulnerabilidad detectados.
Creación de un padrón estatal actualizado
El DIF Estatal estará obligado a gestionar un instrumento específico para la infancia vulnerable, enfocado en:
Contar con un registro actualizado de los menores sin cuidados familiares.
Dar seguimiento puntual a las historias de cada caso detectado.
Mejorar la coordinación entre las distintas dependencias públicas involucradas.
Coordinación interinstitucional e inmediata en los municipios
La iniciativa también busca robustecer los lazos de trabajo conjunto entre el DIF Estatal, la Procuraduría y los diferentes gobiernos municipales. Se pretende asegurar una intervención cercana, permanente e inmediata desde el primer instante en que se ubique un escenario de riesgo para los menores.
El papel subsidiario del Estado en la protección infantil
Vázquez Chacón subrayó que la familia se mantiene en el centro de la sociedad duranguense. No obstante, precisó que cuando los entornos familiares fallan o no se encuentran presentes, el Estado tiene la responsabilidad obligatoria de responder, acompañar y garantizar que ningún infante quede desprotegido en la entidad.
