El Congreso del Estado de Durango aprobó reformas constitucionales fundamentales en la lucha por la justicia de género, convirtiéndose en la entidad número 12 en avalar las reformas contra el feminicidio. Con este paso, los legisladores locales buscan sentar las bases para la creación de una Ley General que permita unificar en todo México la tipificación del delito y las sanciones correspondientes. Esta decisión del Constituyente Permanente refuerza el marco jurídico necesario para garantizar investigaciones eficientes y castigos ejemplares que frenen la impunidad.
Hacia una Ley General y la unificación nacional
La aprobación de estas reformas contra el feminicidio tiene como meta principal eliminar la fragmentación normativa que impera actualmente en el país. Al ser parte del Constituyente Permanente, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local analizó la minuta de decreto destacando que la disparidad en las leyes estatales dificulta el acceso a la justicia. Con la homologación de criterios, se busca evitar inconsistencias en la integración de las carpetas de investigación y asegurar que el castigo sea equitativo en cualquier entidad federativa.
Estados que ya avalaron la minuta federal
Con este voto a favor, Durango se suma a un bloque de entidades que ya dieron luz verde a las modificaciones enviadas por el Congreso de la Unión. El estado ahora acompaña a Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo y Nayarit en el respaldo a las reformas contra el feminicidio. Durante la sesión ordinaria, se manifestó que la diversidad de criterios jurídicos actuales solo entorpece la correcta persecución del delito, por lo que la unificación es una urgencia nacional.
Cifras de violencia contra la mujer en México
La necesidad de estas reformas contra el feminicidio se sustenta en una realidad alarmante para la sociedad. De acuerdo con datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta magnitud del problema exige que el Poder Legislativo refuerce acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia estructural. Con la nueva normativa, Durango apuesta por un sistema de justicia sólido que proteja de manera efectiva la integridad y la vida de las ciudadanas.
