La diputada Flora Leal Méndez presentó una iniciativa para fortalecer la protección de las maestras y los maestros de Durango, mediante reformas a la Ley de Educación del Estado que contemplan la creación de un Protocolo Estatal para la Prevención, Atención y Seguimiento de los casos de Violencia contra catedráticos.
Buscan proteger la integridad y salud mental de los docentes
A nombre de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, la legisladora señaló que el personal educativo necesita algo más que reconocimiento público: requiere condiciones de seguridad, respeto y respaldo institucional para desempeñar su trabajo.
La propuesta contempla acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento de la salud mental y el bienestar psicosocial de los trabajadores de la educación.
¿Qué contempla el protocolo contra la violencia docente?
La iniciativa plantea establecer mecanismos claros de actuación y protección frente a diferentes formas de agresión contra maestras y maestros, entre ellas:
Violencia física, que atente contra su integridad.
Violencia verbal, mediante insultos y amenazas.
Violencia psicológica, que afecte su estabilidad emocional.
Violencia digital, mediante agresiones o intimidaciones en plataformas electrónicas.
Flora Leal sostuvo que ningún docente debería acudir a su centro de trabajo con temor a ser agredido o intimidado por ejercer su profesión.
Estrés y agotamiento también preocupan al sector educativo
La diputada, integrante de la Comisión de Educación y con formación docente, explicó que actualmente las responsabilidades del magisterio van más allá de la enseñanza, pues también deben atender situaciones de violencia escolar, conflictos familiares, acoso, discriminación, problemas emocionales y rezago educativo.
A estas exigencias se suman las cargas administrativas y las presiones laborales, condiciones que pueden incrementar los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento entre los trabajadores de la educación.
Finalmente, Leal Méndez consideró que la salud mental de los docentes no debe tratarse como un asunto exclusivamente personal, sino como una responsabilidad institucional.
La iniciativa busca avanzar hacia entornos educativos donde la seguridad, la dignidad y el bienestar de quienes enseñan también sean una prioridad.
