El diputado Alejandro Mojica Narváez presentó una iniciativa para combatir el fraude de monta rentas en Durango, una práctica en la que personas ofrecen casas o departamentos sin tener facultades legales para arrendarlos y solicitan depósitos o anticipos que terminan convirtiéndose en pérdidas económicas para las víctimas.
Proponen castigar a quienes rentan viviendas sin autorización
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado planteó reformar el Código Penal de Durango para incorporar expresamente como conducta constitutiva de fraude el ofrecer o publicitar inmuebles en renta mediante engaños, sin contar con autorización legal para conceder su uso, cuando se obtenga dinero y se ocasione un perjuicio patrimonial.
“Proteger el patrimonio familiar también significa atender los problemas que surgen en la vida cotidiana y actualizar nuestras leyes para responder a ellos”, expresó el legislador al presentar los motivos de su propuesta.
¿Cómo operan los fraudes de monta rentas?
Mojica Narváez explicó que esta modalidad consiste en publicar anuncios de viviendas disponibles utilizando fotografías de inmuebles reales, documentación simulada y solicitudes de depósitos, anticipos o apartados.
En muchos casos, los responsables reciben el dinero y posteriormente desaparecen, dejando a las personas sin posibilidad de ocupar la vivienda y con pérdidas económicas.
El diputado advirtió que las redes sociales y plataformas digitales han facilitado la expansión de estos engaños, por lo que consideró necesario actualizar las disposiciones legales.
Buscan proteger el patrimonio de las familias
El legislador recordó que recientemente el Congreso aprobó la Ley de Servicios Inmobiliarios de Durango y señaló que esta nueva iniciativa representa un paso adicional para fortalecer la seguridad en las operaciones de arrendamiento.
Destacó que entre las personas afectadas se encuentran familias que buscan un hogar, trabajadores que llegan al estado por motivos laborales y jóvenes que desean independizarse.
Con esta propuesta, Alejandro Mojica busca fortalecer las herramientas jurídicas contra el fraude inmobiliario, brindar mayor certeza a quienes buscan una vivienda y establecer consecuencias legales para quienes obtengan dinero mediante engaños.
