El Congreso del Estado de Durango avaló la minuta con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Con esta determinación legislativa, el poder legislativo local ratificó la modificación federal que determina aplazar la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028.
Debate en el Constituyente Permanente
Como parte del Constituyente Permanente, las y los diputados locales discutieron la minuta enviada originalmente por el Senado de la República.
Análisis en la comisión dictaminadora
El documento constitucional fue analizado de forma previa por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del congreso duranguense antes de pasar al pleno.
Calendario para la nueva jornada electoral
Con el aval de los legisladores locales, la siguiente elección de jueces y magistrados se celebrará de manera oficial el primer domingo de junio del año 2028. El proceso se desarrollará de forma concurrente con el proceso electoral federal ordinario, permitiendo atender los desafíos logísticos que las autoridades identificaron a partir de la experiencia democrática del año 2025.
Ajustes técnicos y operativos al modelo
La prórroga aprobada abre un periodo para realizar los ajustes normativos, técnicos y metodológicos necesarios encaminados a perfeccionar el sistema de votación.
Asimismo, las modificaciones validadas por el congreso duranguense contemplan el establecimiento de nuevas secciones operativas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida administrativa diseñada con el objetivo de agilizar los tiempos en la resolución de asuntos jurídicos.
Regulación del proceso de revocación de mandato
La minuta ratificada por los legisladores locales también define los criterios para los ejercicios de consulta ciudadana subsecuentes.
En el caso de la revocación de mandato, la reforma estipula que este procedimiento se realizará formalmente el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional. El ordenamiento obliga a que estas jornadas coincidan directamente con el calendario de las elecciones ordinarias federales o locales.
