El ordenamiento financiero y la rendición de cuentas en los Ayuntamientos entran en un proceso de homologación obligatoria a nivel estatal. Con el voto unánime de las y los diputados, el Poder Legislativo emitió un paquete de recomendaciones administrativas preventivas que mitigan los márgenes de discrecionalidad, una resolución formal mediante la cual aprueban medidas para mejorar fiscalizacion en municipios de manera inmediata.
Ejes rectores de la fiscalización superior
La nueva disposición busca unificar los criterios operativos de planeación, ejecución y evaluación de los recursos asignados. Al momento en que aprueban medidas para mejorar fiscalizacion en municipios, el dictamen fija pautas que complementan la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, su Reglamento Interno y los manuales vigentes de la Auditoría Superior del Estado.
Reglas aplicables para los entes fiscalizables
El Poder Legislativo determinó la necesidad de contar con una guía práctica homogénea que ordene la justificación del gasto público. Bajo los estándares aprobados, la integración documental de los informes financieros locales se sujetará al siguiente ordenamiento integral:
Inclusión obligatoria de objetivos e indicadores de desempeño congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo en las leyes de ingresos.
Diseño de presupuestos de egresos respaldados por fichas técnicas descriptivas y reportes mensuales de transparencia.
Implementación de programas anuales de trabajo alineados directamente con la planeación de cada demarcación.
Control interno y comprobación documental del gasto
El acuerdo legislativo atiende las omisiones administrativas derivadas de la premura por entregar apoyos directos a la población civil:
Obligaciones en la comprobación de recursos públicos
Todos los servidores públicos que administran presupuestos están obligados a recabar evidencia suficiente.
Se exige la presentación oportuna de informes financieros y la correcta justificación de cada egreso.
Atención obligatoria e inmediata a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado.
Ordenamiento institucional de expedientes administrativos
Formalización estricta de contratos gubernamentales y registro contable puntual de ingresos.
Manejo responsable de los bienes públicos junto a la elaboración ordenada de reglamentos internos.
Modernización por medio de sistemas tecnológicos
Fortalecimiento prioritario de los sistemas tecnológicos de control interno y recaudación fiscal.
Mecanismos de evaluación orientados a edificar una administración más ordenada y profesional.
Transparencia institucional de cara a la ciudadanía
Las recomendaciones aprobadas facilitarán las labores técnicas de revisión y auditoría de documentos y comprobantes de la cuenta pública. Con la resolución con la que aprueban medidas para mejorar fiscalizacion en municipios, el Congreso dota a las alcaldías de una herramienta técnica preventiva que garantiza el uso eficiente del capital público.
