El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la creación de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios. Esta nueva legislación establece reglas claras para el sector inmobiliario en Durango, con la finalidad de brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias duranguenses en cada operación de compra, venta o renta de bienes inmuebles.
Certeza jurídica para el patrimonio familiar
Esta normativa es el resultado de la colaboración entre las bancadas del PAN y de Morena, tras el análisis de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El objetivo primordial de la ley es eliminar la incertidumbre que enfrentan las familias al adquirir una vivienda, reconociendo que comprar una casa representa el esfuerzo de toda una vida y la garantía de un patrimonio seguro para el futuro.
Profesionalización y orden en el mercado
El dictamen aprobado busca poner orden en el sector inmobiliario en Durango al promover la profesionalización de asesores y empresas del ramo. Con la presencia de integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, los legisladores destacaron que la ley crea mecanismos de registro y establece responsabilidades claras para garantizar que todas las operaciones sean seguras y confiables para las partes involucradas.
Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios
Uno de los pilares de esta legislación es la creación del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios. Gracias a esta herramienta, la ciudadanía podrá identificar con total claridad quiénes cuentan con la acreditación y capacitación necesaria para prestar servicios inmobiliarios. El diputado Bernabé Aguilar Carrillo enfatizó que era urgente dejar atrás los vacíos legales que permitían abusos y riesgos en un sector que crece de manera compleja en el estado.
Transformación y diálogo legislativo
Alejandro Mojica Narvaez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, resaltó la disposición al diálogo de los 25 legisladores actuales para alcanzar acuerdos que impulsen el desarrollo del estado. Por su parte, se señaló que esta ley forma parte de un proceso de transformación responsable que busca asegurar el patrimonio de las personas mediante mecanismos que fortalecen la confianza pública en el mercado inmobiliario local.
