El diputado Bernabé Aguilar Carrillo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, con la finalidad de asegurar la participación política de los pueblos originarios mediante candidaturas indígenas en Durango. Esta propuesta busca transformar la representación de las comunidades en un acto de justicia, dignidad y reivindicación histórica para la entidad.
Justicia para los pueblos originarios de Durango
Durante la exposición de motivos, el integrante del Grupo Parlamentario de Morena señaló que este ajuste legal no representa un privilegio, sino una exigencia de justicia para los habitantes de las zonas originarias. Aguilar Carrillo destacó que, aunque la Constitución reconoce el carácter pluricultural de la nación desde 1992, dicho reconocimiento no ha sido suficiente para garantizar una participación política efectiva.
Obligatoriedad en el Distrito 15
La iniciativa establece como regla obligatoria para los partidos políticos la postulación de candidaturas indígenas específicamente en el Distrito 15, el cual posee la mayor población originaria en el estado. Actualmente, la normativa vigente solo menciona que los partidos “procurarán” realizar estas postulaciones, lo cual no constituye una obligación real que asegure el acceso a los espacios de poder.
Fórmulas integradas por personas indígenas
Para garantizar un acceso real a la representación, la reforma plantea que en dicho distrito las fórmulas deban estar integradas únicamente por personas de origen indígena. Con esta medida, se pretende respetar la naturaleza y legitimidad del distrito indígena, asegurando que quienes ocupen las curules provengan genuinamente de estas comunidades.
El respaldo de la Cuarta Transformación
El legislador resaltó que esta propuesta se alinea con la reforma impulsada por la Cuarta Transformación, la cual reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Este marco legal les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, sentando las bases para que la ley electoral estatal se armonice con los derechos humanos y el diseño constitucional actual.
