El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Durango ha planteado la necesidad urgente de reformar el marco legal nacional en materia de Justicia penal para adolescentes. Ante el incremento de delitos de alto impacto cometidos por menores de edad en la capital y diversas regiones del estado, los legisladores buscan actualizar las leyes para responder con mayor eficacia a la actual fractura social.
Urgencia de reformas ante delitos de alto impacto
La diputada Rocío Rebollo Mendoza advirtió que los casos recientes registrados en la entidad, donde se observa la participación de adolescentes en homicidios y conductas graves, ya no pueden ser vistos como hechos aislados. Según la legisladora, la realidad exige que el sistema legal responda con la proporcionalidad necesaria para evitar que la edad se convierta en un escudo frente a actos que dañan profundamente a la sociedad.
Estadísticas alarmantes del INEGI en México
El panorama nacional refleja una tendencia preocupante que también tiene eco en Durango. De acuerdo con datos del INEGI, durante el año 2023 se registraron más de 32 mil adolescentes imputados por diversos delitos en el país. Esta cifra representa un incremento superior al 40% en años recientes, lo que subraya la importancia de revisar la Justicia penal para adolescentes para adaptarse a este nuevo escenario delictivo.
Fortalecimiento del marco jurídico nacional
Para atender esta problemática, el PRI propone impulsar reformas específicas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El objetivo es dotar al estado y al país de herramientas jurídicas más robustas frente a los delitos graves, sin que las limitaciones legales actuales generen percepciones de impunidad entre las víctimas y la ciudadanía.
Equilibrio entre justicia y derechos humanos
La propuesta legislativa enfatiza que no se busca criminalizar a la juventud, sino garantizar que el sistema de justicia sea capaz de responder a las circunstancias actuales. Rocío Rebollo subrayó que el enfoque debe mantenerse garantista y respetuoso de los derechos humanos, pero sin perder de vista que la reinserción social debe estar vinculada a la gravedad de los hechos cometidos.
Compromiso con las víctimas y la reinserción
La meta central de estas reformas es proteger a los adolescentes vulnerables que son absorbidos por entornos de violencia, pero asegurando simultáneamente la justicia para las víctimas. La legisladora lagunera reiteró que Durango no puede ser ajeno a esta crisis nacional, por lo que es momento de actuar con firmeza para sanar el tejido social y fortalecer el estado de derecho mediante una Justicia penal para adolescentes renovada.
