Con la firme intención de garantizar una protección integral a las víctimas, la diputada Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. Esta propuesta busca eliminar las barreras legales que actualmente limitan el acceso a la justicia en casos de violencia familiar en Durango, asegurando que las agresiones sean castigadas sin importar el espacio físico donde se lleven a cabo, siempre que exista una relación de poder o dependencia entre los involucrados.
Reforma al Código Penal de Durango
La legisladora, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que la redacción vigente de la ley contiene una limitación crítica: condiciona la configuración del delito al domicilio familiar. Esta ambigüedad genera vacíos legales que permiten la impunidad, ya que muchas agresiones ocurren en la vía pública, en otros domicilios o incluso a través de medios digitales, quedando fuera del alcance de las sanciones actuales por violencia familiar en Durango.
Justicia más allá del domicilio familiar
Torres Rodríguez puntualizó que la violencia no reconoce paredes y que el lugar de la agresión no debería ser un obstáculo para procesar a un agresor. Al eliminar el concepto de domicilio como condicionante, la reforma pone en el centro a la víctima, garantizando que el respaldo institucional sea efectivo en cualquier circunstancia donde se vulnere la integridad de una persona bajo un esquema de dependencia familiar.
El impacto en las infancias
Uno de los puntos más sensibles de la exposición de motivos fue el daño colateral en niñas, niños y adolescentes. La diputada advirtió que la violencia familiar en Durango se reproduce de manera generacional, afectando a menores que crecen en entornos de miedo. Al fortalecer el marco legal, se busca romper este ciclo de silencio y evitar que las nuevas generaciones aprendan a callar ante las agresiones en el entorno cercano.
Estadísticas de violencia en el estado
La magnitud del problema en la entidad es alarmante y requiere acciones legislativas inmediatas. Según los datos presentados por la diputada, durante el año 2024 se registraron más de cinco mil denuncias, lo que representa un promedio de casi 14 casos diarios. La tendencia no ha disminuido, pues de enero a octubre de 2025 ya se acumulaban más de cuatro mil reportes oficiales de violencia familiar en Durango.
Bajos índices de judicialización
Un dato preocupante que motiva esta reforma es que menos del 30 por ciento de los casos denunciados logran llegar a una instancia judicial. Muchos expedientes terminan siendo reclasificados a delitos menores, lo que reduce significativamente las sanciones para los agresores y deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sus victimarios.
Finalmente, Sughey Torres sostuvo que esta reforma no es un simple asunto técnico, sino un acto de justicia necesario para cerrar la puerta a la impunidad. Con esta modificación al Código Penal, el estado de Durango daría un paso decisivo para proteger a las familias y asegurar que ninguna persona quede desprotegida por ambigüedades en la ley estatal.
