El diputado Alejandro Mata, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios en Durango. Esta propuesta busca que las comunidades indígenas sean validadas como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio para fortalecer su autonomía y capacidad de decisión en la entidad.
Objetivos de la reforma constitucional indígena
La iniciativa plantea reformar y adicionar los artículos 22 y 39 de la Constitución Política del Estado de Durango para reconocer formalmente la composición multiétnica y pluricultural del estado. Entre los puntos centrales destaca la ampliación de derechos fundamentales que permitan la libre determinación, la autonomía y la preservación del patrimonio cultural de las etnias locales.
Derechos y acceso a la justicia integral
La propuesta de Alejandro Mata busca garantizar que los pueblos originarios en Durango tengan acceso real a la justicia, así como a una educación intercultural y plurilingüe. Además, se contempla la protección de las lenguas indígenas y la creación de asignaciones presupuestales directas, permitiendo que las comunidades gestionen sus propios recursos de manera independiente para su desarrollo social.
Distribución geográfica de las etnias locales
El legislador recordó que las principales etnias que habitan en la región son los Tepehuanos, Huicholes, Nahuas, Tarahumaras y Coras. Estas poblaciones se distribuyen principalmente en municipios estratégicos como El Mezquital, Pueblo Nuevo, Ocampo y Guanaceví, además de mantener presencia en comunidades limítrofes con los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua.
Impacto social y deuda histórica en la entidad
De acuerdo con datos oficiales del Censo INEGI 2020, en el estado convergen 47,242 personas indígenas pertenecientes a las diferentes etnias mencionadas. Alejandro Mata enfatizó que esta iniciativa es un paso necesario para saldar una deuda histórica con estas comunidades, asegurando que los pueblos originarios en Durango tengan una protección constitucional sólida y una participación activa en el crecimiento económico y político del estado.
Al dotar a estas comunidades de una estructura legal robusta, se busca no solo proteger su herencia cultural, sino también garantizar que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. La reforma pretende elevar el estatus jurídico de los pueblos indígenas, permitiéndoles interactuar con el estado en un plano de igualdad y respeto a sus tradiciones milenarias.
