El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad enviar al Congreso de la Unión una propuesta histórica para asegurar la pensión alimentaria desde prisión. Esta iniciativa busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el sistema penitenciario implemente y opere un régimen que garantice el cumplimiento de las obligaciones económicas de los internos hacia sus hijos y dependientes.
Justicia para las familias mexicanas
El diputado Fernando Rocha Amaro destacó durante la sesión ordinaria que la privación de la libertad no debe ser una excusa para el abandono de los deberes básicos. Según el legislador, es fundamental que el Estado intervenga para que las obligaciones de sustento no queden relegadas, garantizando que quienes tienen derecho a recibir alimentos no queden desprotegidos por la situación jurídica de sus progenitores.
Régimen de cumplimiento en el sistema penitenciario
El dictamen, analizado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales, propone que las cárceles del país cuenten con mecanismos técnicos y operativos para facilitar la pensión alimentaria desde prisión. Esta medida pretende llenar un vacío legal donde la reclusión solía significar el cese del apoyo económico, afectando directamente la dignidad y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.
El interés superior de la niñez
La propuesta coloca a la familia como el núcleo central de la vida social. Rocha Amaro enfatizó que el derecho de los menores a recibir alimentos no es negociable ni opcional. Garantizar este flujo económico desde los centros de reclusión previene la desprotección y asegura que los hijos no paguen el costo de las omisiones de los adultos.
Reinserción social con responsabilidad
Un punto clave de la reforma es la visión de una reinserción auténtica. El Congreso local argumenta que un proceso de regreso a la sociedad no puede construirse sobre el olvido de las responsabilidades familiares. Al obligar a que se mantenga la pensión alimentaria desde prisión, se fortalecen los vínculos afectivos y se fomenta la responsabilidad individual de los internos.
Compromiso del Congreso de Durango
Con esta decisión, Durango reafirma su postura de proteger a los sectores más vulnerables. La iniciativa enviada a nivel federal busca que el sistema de justicia en todo México adopte una visión más humana. Para el poder legislativo estatal, asegurar que la responsabilidad nunca se abandone es un paso decisivo hacia la justicia social y la equidad.
Un deber permanente de los adultos
Finalmente, se resaltó que el derecho a recibir alimentos forma parte del derecho a vivir con dignidad. La responsabilidad de cuidar, sostener y proteger a los hijos es un deber permanente que debe cumplirse bajo cualquier circunstancia, permitiendo que la niñez mexicana pueda construir un proyecto de vida sólido y sin carencias.
