El Congreso del Estado de Durango aprobó, por acuerdo unánime, reformas al Código Penal para tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión”, que buscan modificar o «corregir» la orientación sexual o identidad de género de una persona. Las sanciones por este delito incluirán de dos a seis años de prisión, multa y trabajo comunitario. Esta reforma se considera un avance histórico en la protección de los derechos humanos y la dignidad de la comunidad LGBTIQ+.
Una reforma para garantizar la dignidad y la libertad
El dictamen aprobado es el resultado de las iniciativas presentadas por el diputado Martín Vivanco Lira y los miembros de la coalición “Cuarta Transformación”. Según Vivanco, la penalización de las terapias de conversión envía un mensaje claro: nadie tiene derecho a intentar determinar la identidad o la orientación sexual de otra persona. “Es un acto de violencia y de tortura moderna que debe erradicarse de nuestra sociedad”, expresó el legislador al justificar su voto a favor de la reforma.
Vivanco Lira también destacó que el dictamen representa un avance importante en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y que Durango se coloca en el lado correcto de la historia al sumarse a los esfuerzos nacionales e internacionales para respetar la diversidad y la libre identidad de cada individuo. En su intervención, el legislador hizo un llamado a vigilar a los centros de rehabilitación o clínicas que, bajo el pretexto de ofrecer tratamientos terapéuticos, han practicado estas terapias de conversión, originalmente destinadas a tratar adicciones.
Las terapias de conversión son un acto de tortura
Por su parte, la diputada Delia Enríquez Arriaga se manifestó en defensa de la dignidad humana, la libertad individual y el derecho de cada persona a vivir sin miedo, sin vergüenza y sin violencia. En su intervención, la diputada enfatizó que las terapias de conversión son una forma de tortura psicológica, física y espiritual, basada en la falsa premisa de que ser una persona LGBTIQ+ es un error que debe corregirse.
“Con esta decisión, el Congreso de Durango se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos y erradicar cualquier práctica que atente contra la diversidad, la identidad y la integridad de las personas”, sostuvo Enríquez Arriaga.
Impacto de las terapias de conversión
Las terapias de conversión han sido condenadas a nivel mundial por ser prácticas basadas en prejuicios y estigmas, sin ningún fundamento científico. Su aplicación puede causar un daño irreversible tanto en el bienestar emocional como en la salud mental de quienes son sometidos a ellas. Diversas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han declarado que estas prácticas no solo son ineficaces, sino también peligrosas, y que deben ser prohibidas.
El Congreso de Durango, al sancionar estas terapias, no solo está protegiendo a la comunidad LGBTIQ+, sino también promoviendo un ambiente social de respeto e inclusión, donde las personas puedan ser quienes realmente son sin temor a ser modificadas o forzadas a encajar en moldes impuestos por otros.
Reacciones de la comunidad LGBTIQ+ y la sociedad civil
La aprobación de esta reforma ha sido bien recibida por la comunidad LGBTIQ+ y diversas organizaciones de derechos humanos que luchan contra la discriminación y la violencia hacia las personas de la comunidad. Organizaciones locales han celebrado la reforma como un paso importante hacia la protección de los derechos de los individuos y el respeto a su libre identidad.
“Esta reforma es un reflejo de que Durango se compromete con la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su identidad sexual o de género. Nos da esperanza y demuestra que estamos avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria”, expresó un representante de la comunidad LGBTIQ+.
Próximos pasos para garantizar su implementación
Ahora que el dictamen ha sido aprobado, es fundamental que las autoridades encargadas de su implementación, como el Poder Judicial y las instituciones de salud, trabajen de manera coordinada para garantizar que las sanciones sean aplicadas de forma efectiva y que los centros de rehabilitación o clínicas que practiquen estas terapias sean vigilados y sancionados conforme a la ley.
Además, será necesario implementar programas de sensibilización y capacitación para profesionales de la salud y educadores sobre la diversidad sexual y de género, con el objetivo de fomentar un ambiente de respeto, comprensión y apoyo hacia las personas LGBTIQ+.
