Con el propósito de proteger los derechos de la niñez y cerrar el paso a las evasiones en materia de pensiones alimenticias, la diputada Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Durango para sancionar a quienes ayuden dolosamente a un deudor alimentario a evadir sus responsabilidades mediante el ocultamiento o simulación de bienes.
La propuesta busca tipificar como delito el encubrimiento patrimonial relacionado con el fraude alimentario, una práctica que, según la legisladora, afecta de manera directa a miles de familias y perpetúa la violencia económica contra mujeres, niñas y niños.
Iniciativa con sentido humano
Durante la exposición de motivos, Rebollo Mendoza subrayó que hablar de pensión alimenticia es hablar de derechos humanos, responsabilidad y humanidad.
“Detrás de cada juicio hay una historia de lucha, de carencia y de frustración. No se puede permitir que quienes colaboran para burlar la ley queden impunes”, expresó.
La diputada destacó que su iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permiten a los deudores alimentarios manipular su patrimonio con ayuda de terceros para evitar cumplir con sus obligaciones.
Reforma al Código Penal
Actualmente, el Código Penal sanciona únicamente al deudor alimentario directo, pero no contempla responsabilidad para quienes lo ayudan de manera consciente a defraudar la justicia. Esta laguna jurídica ha permitido que el fraude alimentario se vuelva una práctica recurrente en casos de incumplimiento.
La reforma propuesta busca tipificar un nuevo delito que castigue a toda persona que, con conocimiento y voluntad, ayude al deudor alimentario a ocultar, falsificar o simular operaciones financieras para aparentar insolvencia.
De aprobarse, las fiscalías y el Poder Judicial contarán con una herramienta jurídica sólida para sancionar a quienes participen en estas acciones de encubrimiento.
“En Durango, el fraude alimentario no será tolerado, ni directa ni indirectamente”, afirmó la legisladora priista.
Datos que revelan la urgencia
Rebollo Mendoza citó cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que revelan un panorama preocupante:
Más del 70% de las mujeres que promueven juicios de alimentos enfrentan evasiones sistemáticas por parte del deudor.
Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia que por ley les corresponde.
Estos datos, sostuvo, muestran la dimensión social y económica del problema, que afecta principalmente a las mujeres y menores de edad.
Violencia económica
La diputada enfatizó que el incumplimiento de la pensión alimenticia no debe verse solo como un asunto civil, sino como una forma de violencia económica que vulnera los derechos más básicos de los niños y niñas.
“Cada persona que colabora con ese incumplimiento contribuye a perpetuar esa violencia”, puntualizó.
La propuesta, además de establecer sanciones penales, busca visibilizar el daño estructural que causa la evasión alimentaria, que priva a los menores de recursos esenciales para su bienestar, educación y salud.
Herramienta para la justicia
Con esta reforma, el Poder Judicial y las fiscalías estatales podrán actuar con mayor firmeza frente a los encubridores patrimoniales, aplicando sanciones que disuadan las prácticas de ocultamiento de bienes.
La legisladora explicó que esta herramienta jurídica permitirá perseguir penalmente a quienes participen en operaciones fraudulentas destinadas a reducir artificialmente el patrimonio del deudor alimentario.
De esta manera, se garantiza que las sentencias de pensión alimenticia se cumplan efectivamente, evitando que los responsables eludan sus compromisos mediante simulaciones o acuerdos encubiertos.
Responsabilidad compartida
Rebollo Mendoza subrayó que esta iniciativa no solo protege los derechos de la niñez, sino que también promueve una cultura de corresponsabilidad y justicia familiar.
El cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dijo, no es un favor, sino un deber legal y moral. La sociedad, las instituciones y los propios tribunales deben velar por que ese derecho se haga valer sin obstáculos.
Contexto nacional
El tema de los deudores alimentarios ha cobrado relevancia en varios estados del país, donde se han impulsado medidas complementarias como el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, la suspensión de licencias y pasaportes, o la restricción para ocupar cargos públicos.
La propuesta de Rocío Rebollo va un paso más allá, al enfocarse en los cómplices que facilitan el incumplimiento, cerrando así un ciclo de impunidad que ha perjudicado a miles de familias.
