El Congreso del Estado de Durango aprobó una reforma histórica al Código Penal para tipificar como delitos la sustracción, apropiación, extracción y distribución ilegal de agua. La reforma tiene como objetivo garantizar el derecho humano a este recurso natural limitado, proteger los ecosistemas hídricos y prevenir la impunidad en su uso. La medida fue impulsada por la Comisión de Justicia del Congreso, y se formalizó con el apoyo unánime de los legisladores.
Un paso hacia la justicia y la protección ambiental
Flora Leal, diputada que participó en la aprobación de esta reforma, expresó que establecer sanciones claras no es un acto punitivo, sino un acto de justicia para proteger el interés colectivo y asegurar el acceso equitativo al agua. «Este avance representa un paso más hacia una cultura de legalidad, responsabilidad y cultura ambiental«, afirmó Leal al razonar su voto a favor del dictamen.
La reforma, que incluye sanciones más estrictas para quienes violen las leyes relacionadas con la extracción y distribución ilegal de agua, fue respaldada por los legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de contar con un marco legal más sólido para proteger este recurso vital.
Tipificación de delitos y sanciones
La nueva legislación establece penas severas para aquellos que infrinjan las leyes de protección y regulación del agua, tanto para servidores públicos como para particulares. A continuación, se detallan las sanciones aprobadas:
Desinfección del agua potable
Si alguien, teniendo la obligación legal, no supervisa o ejecuta el proceso de desinfección del agua potable, la pena de prisión será de dos a seis años, además de una multa de entre 144 y 432 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Si el responsable es un servidor público, se le destituirá e inhabilitará por hasta seis años.
Distribución ilegal de agua
A quienes distribuyan agua potable sin permiso o autorización correspondiente, con fines de lucro, se les impondrá una pena de prisión de dos a seis años y una multa de 144 a 432 UMA. Esta medida busca prevenir la privatización ilegal y comercialización indebida de este recurso natural.
Extracción ilegal de agua
A quienes extraigan agua de fuentes no autorizadas, se les impondrán penas de uno a tres años de prisión y una multa de 72 a 216 UMA. Asimismo, quienes alteren, impidan o restrinjan el flujo de agua destinado al suministro público enfrentarán penas de dos a seis años de prisión y una multa de 144 a 432 UMA.
Sustracción de agua de infraestructura pública
La sustracción ilegal de agua de infraestructura pública será castigada con dos a seis años de prisión y una multa de 144 a 432 UMA. Esta sanción está dirigida a quienes intenten apropiarse del agua potable de la infraestructura hidráulica sin autorización o concesión por parte de las autoridades competentes.
Servidores públicos involucrados
Si el delito es cometido por un servidor público que supervise o controle el abastecimiento de agua o facilite la sustracción ilegal, las penas serán incrementadas en una mitad adicional, además de las sanciones administrativas correspondientes.
Relevancia de la reforma
La reforma al Código Penal en Durango subraya la importancia de regular el uso del agua como un bien público que debe ser administrado y regulado por el Estado. El agua no solo es esencial para la vida, sino que también representa un bien natural limitado, por lo que su explotación debe ser equitativa y sostenible. Las sanciones buscan evitar abusos y irregularidades en la distribución de este recurso, especialmente en el contexto de cambios climáticos y crecimiento poblacional.
Protección del acceso equitativo
Los legisladores, en conjunto con las autoridades estatales, destacaron que esta reforma no solo es necesaria para sancionar las acciones ilegales, sino también para proteger el acceso equitativo al agua, que debe estar al alcance de todas las personas sin distinción. El objetivo es garantizar que los ciudadanos no se vean afectados por la explotación desmedida de los recursos hídricos, y que se prevenga el desabastecimiento en las regiones que más lo necesitan.
La urgencia de actuar
El Gobierno del Estado de Durango y el Congreso del Estado han reconocido que el cambio climático y la contaminación del agua son problemas que deben ser abordados con urgencia. La reforma es un paso fundamental para fortalecer las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua, y evitar que los recursos naturales sigan siendo explotados sin control, poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
