El concepto de vivienda adecuada debe incorporarse con mayor claridad en la legislación de Durango para responder a las nuevas necesidades de las familias, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alanís Herrera.
Buscan ampliar el derecho a la vivienda
El legislador señaló que el acceso a una casa no debe limitarse únicamente a contar con un techo, sino considerar las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir con seguridad, servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
Más allá de una construcción física
Alanís Herrera explicó que la Constitución federal reconoce actualmente el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, un concepto que amplía la visión tradicional de vivienda digna y decorosa.
Detalló que este enfoque contempla elementos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, seguridad en la tenencia, accesibilidad y ubicación adecuada para facilitar el acceso a escuelas, trabajos, servicios de salud y transporte.
Leyes deben evolucionar con las familias
El coordinador parlamentario consideró necesaria una revisión del marco jurídico estatal para mantenerlo actualizado conforme a los nuevos parámetros constitucionales y la legislación nacional.
Explicó que modernizar las normas no representa únicamente modificar términos, sino establecer mejores bases para orientar programas, presupuestos y acciones públicas en materia de vivienda.
Necesidades distintas según cada región
Ernesto Alanís destacó que las políticas de vivienda deben considerar las características particulares de Durango, debido a que las condiciones habitacionales no son iguales en la capital del estado, La Laguna, la sierra, el semidesierto o las comunidades indígenas.
Señaló que una vivienda puede contar con paredes y techo, pero no ser adecuada si carece de servicios esenciales, presenta barreras para personas con discapacidad o se encuentra alejada de las principales actividades familiares.
Evaluar calidad y no solo cantidad
El legislador afirmó que contar con conceptos jurídicos más precisos permitirá evaluar las políticas de vivienda no solo por el número de casas construidas, sino también por aspectos como calidad, servicios, ubicación, accesibilidad y certeza patrimonial.
Finalmente, señaló que el acceso a la vivienda representa uno de los principales retos sociales para jóvenes, familias de menores ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo el marco legal en esta materia.
