El Congreso del Estado da un paso firme hacia la justicia social y la equidad de género. A propuesta de la diputada Sughey Torres Rodríguez, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la implementación de un centro de acopio destinado a recolectar productos de higiene para mujeres privadas de la libertad. Esta iniciativa tiene como objetivo central garantizar el derecho a una salud menstrual digna, atendiendo las necesidades básicas de uno de los sectores más vulnerables de la población.
Durante su intervención, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI destacó la urgencia de romper los silencios históricos que rodean a la menstruación. Señaló que los tabúes sociales y culturales han impedido una discusión abierta sobre el tema, creando barreras incluso en los entornos familiares.
Un tema de derechos humanos
Torres Rodríguez subrayó que la salud menstrual digna no es un asunto privado ni secundario, sino un problema estructural que impacta directamente en la igualdad, la educación y el trabajo.
Citando a la Organización Mundial de la Salud, la diputada enfatizó que la falta de acceso a productos menstruales genera riesgos sanitarios y afectaciones a la salud mental, profundizando las brechas de desigualdad. Por ello, la estrategia se enfoca en los centros penitenciarios, donde las limitaciones vulneran la dignidad de las internas.
Respaldo legislativo unánime
La propuesta logró sumar voluntades políticas más allá de los colores partidistas. La diputada Delia Enríquez Arriaga manifestó el respaldo total de la bancada de la Cuarta Transformación a este punto de acuerdo.
Enríquez Arriaga recordó el marco legal que sustenta esta acción, mencionando que el pasado 27 de mayo de 2025 se aprobaron reformas clave a la Ley de Salud del Estado en materia de dignidad menstrual. Estas reformas ya contemplaban acciones específicas de recaudación para mujeres en reclusión.
Estadísticas de mujeres en reclusión
La situación en Durango demanda atención inmediata. Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario del INEGI presentados por la legisladora, en el estado existen tres mil 887 personas privadas de la libertad. De este total, 252 son mujeres, cifra que coloca a la entidad entre los primeros lugares a nivel nacional en tasa de población femenina recluida.
Bajo este contexto, la falta de insumos de higiene constituye una violación a los derechos humanos.
«Nuestro deber es hacer visibles las voces históricamente ignoradas y garantizar que ninguna mujer vuelva a enfrentar su menstruación con miedo, vergüenza o riesgo», concluyó la representante popular sobre esta campaña de apoyo.
