La diputada Sandra Amaya Rosales presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y al Código Penal del Estado, con el fin de fortalecer la lucha contra uno de los delitos más dañinos para la economía y la seguridad de Durango: la extorsión. La propuesta tiene como objetivo homologar la legislación estatal con la Ley General en materia de extorsión, aprobada recientemente a nivel federal, y dotar a las autoridades locales de herramientas más eficaces para combatir este delito que afecta tanto a comerciantes como a familias y comunidades enteras.
Un marco legal más fuerte para proteger a Durango
Durante la presentación de la iniciativa, Sandra Amaya afirmó que Durango no se puede quedar atrás en la lucha contra la extorsión. “Si queremos proteger a nuestros comerciantes y a nuestras comunidades, debemos actualizar nuestro marco legal y dotar a nuestras instituciones de las herramientas necesarias”, expresó la diputada, destacando la importancia de que la Ley Estatal sea más rigurosa y acorde con los estándares nacionales para garantizar su efectividad.
La Ley General en materia de extorsión, recientemente aprobada, ha sido un avance histórico para México. Esta ley crea un marco jurídico fuerte, moderno y uniforme para combatir el cobro de piso, las amenazas y la intimidación, delitos que afectan a miles de personas, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Creación de una Unidad Especializada en la Fiscalía
Uno de los puntos centrales de la iniciativa de reforma es la creación de una Unidad Especializada en la Fiscalía General del Estado para la investigación de los delitos relacionados con la extorsión y el secuestro. Esta unidad tendrá autonomía técnica y será responsable de la atención, investigación, litigación y persecución de estos delitos, en cumplimiento con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
Penas más severas para quienes cometan extorsión
La propuesta de reforma al Código Penal del Estado establece que quienes obliguen a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio o causar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico, enfrentarán penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 500 UMA. Este delito se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de extorsión.
Sandra Amaya también destacó que, en casos agravantes, las penas podrían elevarse hasta 42 años de prisión, lo que refleja el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena con la lucha contra la impunidad y la búsqueda de una justicia más efectiva en el combate a este delito.
Un llamado a la acción y coordinación
La diputada subrayó que la extorsión se combate no solo con presencia policial e inteligencia, sino también con leyes claras, modernas y homogéneas que cierren el paso a la impunidad. En este sentido, la iniciativa presentada también cumple con el artículo sexto transitorio de la Ley General en materia de extorsión, que exige a las entidades federativas adecuar su legislación para alinearse con el marco jurídico federal.
“Desde Durango, cerramos filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para golpear a la extorsión con todo el peso del Estado”, concluyó Amaya, reiterando el compromiso de su grupo parlamentario con la seguridad pública y la protección de las familias duranguenses.
