Rocío Rebollo propone reformas para frenar violencia contra animales
La diputada Rocío Rebollo Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de modificación al Código Penal del Estado con el objetivo de frenar la violencia contra los animales. La propuesta busca incrementar las penas de prisión y ampliar las conductas tipificadas como delitos por maltrato animal, respondiendo a la creciente preocupación social por el bienestar animal.
Aumento en las penas de prisión por maltrato animal
Una de las principales modificaciones planteadas en la iniciativa es el aumento de la pena mínima de prisión por maltrato animal. Actualmente, la sanción es de tres años de prisión, pero con esta reforma se propone que la pena mínima sea de cuatro años, con la posibilidad de incrementarse según la gravedad de la conducta. Además, se propone un aumento en la multa, que pasaría de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
“Una persona que viola a los animales presenta desórdenes de conducta que pueden escalar hacia otras formas de agresión. La violencia no controlada tiene repercusiones futuras, incluso hacia otros seres humanos. Por eso es indispensable actuar desde la raíz”, afirmó la diputada Rebollo al presentar la iniciativa en la tribuna.
Ampliación de conductas tipificadas como delitos
La propuesta no solo busca aumentar las penas, sino también ampliar el catálogo de delitos relacionados con el maltrato animal. Entre las nuevas conductas que se incorporan como delitos están:
El abandono deliberado de animales.
Actos que obliguen a los animales de trabajo a realizar esfuerzos mediante mecanismos que les generen dolor innecesario.
La vivisección injustificada.
Negligencia profesional en veterinarias, estéticas y establecimientos de hospedaje animal.
La captación, difusión o uso de imágenes de maltrato como circunstancia agravante.
El trabajo de la sociedad civil detrás de la iniciativa
Rocío Rebollo destacó que esta propuesta surge del trabajo y la participación activa de la sociedad civil organizada, particularmente de la Asociación Civil Defensoría Animalista en la Zona Lagunera, encabezada por Rodolfo González Torres y Argentina Carrillo González. Los activistas hicieron llegar al Grupo Parlamentario del PRI diversas inquietudes sobre las lagunas legales existentes en la legislación sobre el bienestar animal, lo que motivó la creación de esta reforma.
La diputada mencionó que la protección de los seres sintientes es hoy una exigencia social, ética y jurídica, pues la violencia contra los animales ha evolucionado y adoptado nuevas formas que no siempre encuentran respuesta en la legislación vigente.
La violencia contra los animales como un problema social
Rebollo Mendoza señaló que las prácticas crueles y el abandono de animales son cada vez más frecuentes y diversas. Sin embargo, muchas de estas prácticas no están contempladas en el catálogo actual de delitos, lo que genera vacíos legales que permiten la impunidad. Este vacío no solo afecta a los animales, sino también a la convivencia social, ya que las conductas violentas hacia los animales pueden reflejar actitudes agresivas hacia otras personas.
