La diputada priista Rocío Rebollo Mendoza pidió investigar las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y determinar si alguna pudo afectar la organización de los procesos electorales, ante la proximidad de las elecciones de 2027.
La legisladora señaló que el relevo en la presidencia del organismo, ahora encabezado de manera provisional por Blanca Yassahara Cruz García, representa una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana, pero también exige aclarar los cuestionamientos sobre su trayectoria electoral.
Piden esclarecer antecedentes electorales en Puebla
Rebollo Mendoza recordó que, durante las elecciones locales de Puebla en 2024, representantes partidistas denunciaron presuntas alteraciones en los cómputos que habrían beneficiado a Fuerza por México mediante la asignación de votos que corresponderían a otras fuerzas políticas, particularmente Morena.
Una denuncia no equivale a una sentencia
La diputada también mencionó la denuncia penal presentada por Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, contra integrantes y funcionarios del organismo electoral.
No obstante, precisó que las denuncias no constituyen sentencias y que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer responsabilidades.
Auditorías al INE deben realizarse con independencia
La legisladora consideró que ampliar las auditorías a administraciones anteriores puede ser procedente si existen elementos que lo justifiquen y las revisiones se realizan conforme a la ley.
Advierten riesgos para la confianza electoral en 2027
Rebollo Mendoza advirtió que las investigaciones no deben utilizarse para desviar la atención de los señalamientos actuales ni convertirse en una confrontación política entre administraciones.
También subrayó que la revisión no debe limitarse al manejo de los recursos públicos. A su juicio, es necesario verificar la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y los mecanismos de seguridad.
La diputada sostuvo que, si alguno de los proveedores investigados participó en servicios relacionados con la organización electoral, las autoridades deberán determinar si las posibles anomalías fueron administrativas o tuvieron consecuencias operativas.
De cara a las elecciones de 2027, insistió en que esclarecer los señalamientos resulta importante para evitar que la desconfianza en las autoridades electorales se convierta en motivo de cuestionamientos a los resultados sin pruebas de irregularidades.
