La cohabitación forzada en Durango podría convertirse en un delito específico del Código Penal estatal, con penas de hasta 15 años de prisión. La diputada Sughey Torres Rodríguez presentó una iniciativa para sancionar a quienes obliguen, induzcan o faciliten uniones que impliquen una convivencia similar al matrimonio con menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
Sughey Torres propone penas de hasta 15 años de cárcel
La legisladora planteó adicionar un capítulo al Código Penal del Estado para incorporar este delito, en armonía con la legislación federal.
La propuesta contempla penas de ocho a 15 años de prisión y multas de mil a dos mil 500 días para quienes incurran en estas conductas.
¿Qué situaciones serían consideradas cohabitación forzada?
La iniciativa contempla los casos en que una persona menor de 18 años, o alguien que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, sea obligada o inducida a mantener una convivencia constante equiparable a la matrimonial, ya sea con otra persona menor de edad o con un adulto.
Buscan aumentar las sanciones en casos agravantes
Las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando existan circunstancias como:
Violencia física o psicológica, amenazas o intimidación.
Abuso de relaciones de patria potestad, tutela, guarda, custodia o cuidado.
Búsqueda de beneficios económicos.
Cuando la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana.
Revelan cifras sobre uniones de adolescentes en México
Para dimensionar la problemática, Sughey Torres citó datos del INEGI, cuyo Censo de Población y Vivienda 2020 registró 224 mil 454 adolescentes de entre 12 y 17 años casados o viviendo en unión libre en el país.
Asimismo, señaló que Durango registró una razón de fecundidad forzada de 2.1 nacimientos por cada mil niñas de entre 10 y 14 años, de acuerdo con datos de 2020 del Consejo Nacional de Población.
La diputada aclaró que estas cifras no representan exclusivamente casos de cohabitación forzada ni demuestran que todas las uniones hayan sido impuestas, pero evidencian condiciones de vulnerabilidad.
A la iniciativa se sumaron las diputadas Gaby Vázquez Chacón y Delia Enríquez.
La propuesta busca cerrar vacíos legales y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, incluso cuando las uniones no estén formalizadas mediante un matrimonio.
