La diputada Delia Enríquez Arriaga presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal del Estado el delito de crímenes de odio por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, con sanciones específicas cuando una persona sea privada de la vida por estos motivos.
Proponen penas de hasta 55 años
La propuesta contempla penas de 22 a 50 años de prisión cuando el homicidio esté motivado por la orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género de la víctima.
Consideran circunstancias agravantes
Las sanciones aumentarían de 30 a 55 años de prisión cuando existan determinadas relaciones o circunstancias agravantes, entre ellas vínculos de pareja, parentesco, trabajo, docencia, subordinación o superioridad.
Buscan identificar posibles crímenes de odio
La iniciativa también contempla circunstancias que podrían contribuir a identificar la posible comisión del delito, como amenazas o acosos previos, violencia sexual, lesiones degradantes, incomunicación de la víctima, exposición del cuerpo y expresiones de odio o rechazo por parte del agresor.
Delia Enríquez destaca protección de derechos
La legisladora señaló que ninguna persona debe perder la vida por su orientación sexual o identidad de género, y consideró necesario proporcionar herramientas jurídicas para investigar estos hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
“Ser lesbiana, gay, bisexual o trans jamás debe convertirse en una razón para ser perseguido, agredido o asesinado”, expresó.
Propuesta busca fortalecer investigaciones
Enríquez Arriaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y vocal de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que la iniciativa busca reconocer la gravedad de los hechos cuando existe una motivación de odio o prejuicio.
Cifras citadas durante la propuesta
La diputada señaló que, de acuerdo con cifras citadas del Observatorio de Crímenes LGBTQ+, durante 2025 se documentaron más de 59 asesinatos de personas de esta comunidad.
Ante este escenario, planteó la importancia de investigar cada caso para determinar si existió una motivación de odio o discriminación y evitar que las familias queden sin respuestas.
