Con el propósito de establecer un proceso transparente y claro para la sustitución de alcaldes en caso de ausencia definitiva, la diputada Sandra Amaya Rosales presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para preservar tres principios fundamentales: afinidad partidista, paridad de género y legitimidad democrática.
Al realizar la ampliación de motivos, subrayó que es crucial asegurar que el presidente o presidenta municipal sustituta pertenezca al mismo partido político que el titular. Este principio de afinidad partidista, explicó, garantiza que se respete la voluntad de la ciudadanía, que no solo vota por una persona, sino por un proyecto político que representa sus expectativas y aspiraciones en las urnas.
La legisladora señaló que esta medida busca mantener el proyecto de gobierno por el cual votaron los ciudadanos, evitando desviaciones en los objetivos iniciales de la administración. “Al garantizar la afinidad partidista, reforzamos la confianza de la ciudadanía en que sus decisiones serán respetadas y reflejadas en una continuidad administrativa coherente”, enfatizó Amaya.
Respecto a la paridad de género, la propuesta establece que la persona designada para sustituir al titular deberá respetar el género de quien deja el cargo. Así, si el titular es una mujer, su reemplazo también deberá serlo, y lo mismo aplicaría si el titular es un hombre. Esta disposición refuerza el compromiso de garantizar equidad y representación paritaria en los cargos de gobierno.
En cuanto a la legitimidad democrática, Amaya Rosales propuso que el sustituto o sustituta sea preferentemente uno de los integrantes del cabildo elegido por voto popular, lo cual permite que el nuevo titular cuente con el respaldo directo de la ciudadanía, al haber sido elegido previamente para representar a la comunidad en el cabildo.
La legisladora destacó que contar con un representante electo asegura una comprensión más profunda de las necesidades y prioridades de la comunidad, por lo que la iniciativa busca fortalecer la estructura y confianza en las instituciones municipales, promoviendo una administración inclusiva, respetuosa de la decisión popular y con sensibilidad hacia la equidad de género.
