La diputada Ana María Durón Pérez fue contundente al declarar que los programas sociales son un derecho y bajo ninguna circunstancia deben ser vistos como un favor. Durante su intervención, la legisladora enfatizó la urgencia de cambiar la narrativa pública para evitar que estos apoyos sean utilizados como moneda de cambio por intereses particulares.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Durón Pérez señaló que normalizar la entrega de estos recursos es fundamental para fortalecer su legitimidad. El objetivo es construir una relación más equitativa entre el Estado Mexicano y la ciudadanía, basada en condiciones objetivas y legales, lejos de las voluntades políticas momentáneas.
Evitar el uso clientelar de los apoyos
Uno de los puntos centrales del mensaje fue la denuncia contra las prácticas de manipulación. La diputada reconoció que, aunque muchos ciudadanos entienden que los programas sociales son un derecho, persiste una inercia desafortunada de clientelismo en diversos sectores.
Advirtió sobre la existencia de personas o grupos que intentan condicionar estos beneficios, lo cual vulnera directamente la dignidad de las personas y debilita la democracia. Para la legisladora, erradicar esta percepción de «favor» es vital para garantizar la libertad política de los beneficiarios.
Herramientas contra la desigualdad
En su exposición, se definieron estos apoyos como mecanismos esenciales de redistribución del ingreso y compensación social. Su función principal es el desarrollo sostenible y el cumplimiento de objetivos de bienestar colectivo.
Durón Pérez subrayó que estos recursos existen para mejorar las condiciones de vida de la población. Su meta prioritaria es reducir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad que afectan a los sectores en situación de vulnerabilidad.
Un derecho histórico y constitucional
La diputada recordó que esta política de asistencia no es reciente ni exclusiva de las administraciones actuales. Los apoyos han formado parte de la acción pública en México desde hace décadas, derivando de garantías reconocidas en la Constitución y las leyes vigentes.
Finalmente, hizo un llamado a iniciar un proceso de normalización donde se consolide la visión de que los programas sociales son un derecho plenamente exigible. Esta perspectiva busca proteger a la ciudadanía de la manipulación y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan sin intermediarios políticos.
