PRI de Lerdo Exige la Destitución del Delegado del Bienestar en Durango
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lerdo está tomando acciones legales en contra del delegado del Bienestar en Durango, Jonathan Jardines, acusándolo de utilizar programas sociales del gobierno federal para favorecer a militantes de Morena en la región Laguna. El dirigente del PRI en Lerdo, Carlos Cruz Ramírez, demandó su destitución durante una conferencia de prensa, asegurando que esta práctica está afectando la equidad electoral en la región.
Acusaciones de Proselitismo con Programas Sociales
Carlos Cruz Ramírez, líder del PRI en Lerdo, afirmó que los programas sociales federales están siendo empleados para fines políticos y a favor de los militantes de Morena, lo que considera una grave irregularidad. Según Cruz Ramírez, esta situación afecta directamente el proceso electoral en la región y puede influir en los resultados de las próximas elecciones.
"No se vale que la secretaria del Bienestar y su delegado, Jonathan Jardines, estén utilizando los programas federales para favorecer a militantes de Morena", expresó Cruz Ramírez durante la rueda de prensa. Además, aseguró que el PRI cuenta con pruebas que respaldan estas acusaciones.
Acciones Legales y Denuncias Formales
Como parte de sus medidas, el PRI anunció que el área jurídica del partido presentará las denuncias correspondientes ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y ante la agencia del Ministerio Público. La intención es que se actúe judicialmente para frenar estas prácticas y garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales.
Cruz Ramírez subrayó que el operativo de vigilancia será realizado por líderes y militantes priistas para detectar cualquier tipo de irregularidad en la entrega de los programas sociales. Se enfocarán especialmente en los beneficiarios de programas como "65 y más", que han sido objeto de las presuntas manipulaciones por parte de actores políticos de Morena.
Intervención Urgente del Instituto Electoral
El dirigente del PRI solicitó la intervención del Instituto Electoral de Participación Ciudadana para aplicar las acciones legales pertinentes contra Jonathan Jardines y otros actores involucrados en la posible manipulación de los programas sociales con fines políticos. Cruz Ramírez destacó la importancia de proteger la integridad del proceso electoral y evitar que las prácticas de proselitismo influyan de manera indebida en los resultados de las elecciones.
Pruebas de Manipulación de Programas Sociales
Según lo declarado por el dirigente priista, las pruebas de manipulación electoral son claras. Aseguró que militantes de Morena han estado involucrados directamente en la entrega de programas sociales, en especial el de "65 y más", lo que se considera una violación a la ley electoral.
El PRI en Lerdo sostiene que estos actos de proselitismo son una estrategia para captar votos de los beneficiarios de los programas, aprovechando su necesidad para influir en sus decisiones electorales. En este contexto, Cruz Ramírez afirmó que se deben tomar medidas urgentes para evitar que se sigan cometiendo este tipo de abusos.
La Respuesta de Jonathan Jardines y el Gobierno Estatal
Hasta el momento, el delegado del Bienestar en Durango, Jonathan Jardines, no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones de Carlos Cruz Ramírez y el PRI de Lerdo. Sin embargo, el partido espera una pronta intervención de las autoridades competentes, ya que las pruebas aportadas por el PRI parecen ser contundentes.
Por su parte, el Gobierno Estatal aún no ha tomado una postura clara sobre este asunto, pero se espera que en los próximos días se den a conocer las acciones que tomará en relación con esta situación.
Impacto en el Proceso Electoral
La situación generada por el PRI en Lerdo no es un caso aislado, ya que otros partidos políticos y ciudadanos han expresado su preocupación por el uso indebido de programas sociales en diversas regiones del país. Estos actos no solo ponen en riesgo la equidad electoral, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos democráticos.
La intervención del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y de las autoridades judiciales es fundamental para garantizar que los programas sociales se utilicen de manera adecuada y no como instrumentos de manipulación electoral.
