En una jugada que busca cambiar la narrativa de opacidad por una de transparencia efectiva, el diputado local Otniel García Navarro, del partido Morena, presentó una iniciativa de reforma que sacude la estructura del gobierno municipal: obligar a los ayuntamientos a rendir cuentas cada seis meses sobre sus Planes Municipales de Desarrollo. Así como se oye: adiós a los documentos decorativos, bienvenidos los resultados medibles.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Planeación del Estado y a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Durango, con la intención de pasar de la simulación al seguimiento real y sistemático de los compromisos que cada administración hace al inicio de su gestión.
Una reforma con dientes
Hasta ahora, los Planes Municipales de Desarrollo se presentan al arranque de cada administración, pero su seguimiento es anual o, en muchos casos, nulo. Esto ha propiciado zonas grises donde los alcaldes prometen, pero no se les exige comprobar avances con claridad ni regularidad.
La reforma de Otniel García busca establecer como obligación legal que cada ayuntamiento presente un informe semestral sobre los avances de su Plan ante el Congreso del Estado, específicamente ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
“No basta con presumir transparencia en el discurso. Hay que demostrarla con reglas claras, plazos fijos y mecanismos de revisión efectivos”, dijo García en tribuna.
Transparencia como hábito, no como slogan
Con su estilo frontal, el legislador morenista subrayó que “gobernar no es administrar ni proteger la opacidad, sino rendirle cuentas claras al pueblo”. Y agregó: “La transparencia no se invoca, se practica”.
El fondo de esta propuesta es claro: recuperar el sentido real de los Planes Municipales de Desarrollo, que en teoría deberían ser las hojas de ruta de cada administración, pero que en la práctica muchas veces se archivan sin seguimiento ni rendición de cuentas.
Un problema nacional que se replica en Durango
Otniel García citó datos nacionales preocupantes: en México hay más de 2,460 municipios que ejercen más de 570 mil millones de pesos al año, pero menos del 30% rinden cuentas claras y periódicas sobre el cumplimiento de sus planes de desarrollo.
Y si eso no suena suficiente, aquí viene otro dato demoledor: más del 80% de los municipios del país tienen observaciones pendientes en sus cuentas públicas. En otras palabras, los gobiernos locales manejan recursos millonarios… y nadie sabe con certeza qué hicieron con ellos.
En Durango, la realidad no es muy distinta, y por eso la iniciativa propone establecer un mecanismo legal obligatorio, no como carga adicional, sino como exigencia lógica de cumplimiento institucional.
La Cuarta Transformación, con lupa en lo local
Otniel García no perdió oportunidad para alinear esta propuesta con los principios de la Cuarta Transformación. Dijo que esta iniciativa refuerza la legalidad, la transparencia y el ejercicio del poder al servicio del pueblo, valores que deben ser tangibles también en el nivel municipal.
“La Cuarta Transformación no puede permitir que los planes municipales sean solo documentos decorativos. Deben ser herramientas evaluables, con avances concretos y sujetos a revisión pública”, subrayó.
¿Qué cambiaría con esta reforma?
Informes semestrales obligatorios
Los ayuntamientos deberán entregar dos veces al año un informe que detalle:
Avances puntuales en los objetivos del Plan Municipal
Indicadores de cumplimiento
Obstáculos detectados y medidas correctivas
Evaluación por el Congreso
Estos informes serán revisados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, lo que garantiza un contrapeso institucional y elimina la discrecionalidad con que muchos municipios operan actualmente.
Enfoque en resultados
Ya no se tratará solo de cumplir con la forma (es decir, entregar papeles), sino de demostrar avances medibles, visibles y evaluables en temas clave como obra pública, servicios, desarrollo económico y atención ciudadana.
No más simulación
La propuesta de Otniel García apuesta por erradicar el viejo modelo donde los gobiernos locales prometen en campaña, entregan un plan de desarrollo bonito… y luego nadie los vuelve a cuestionar.
Esta reforma cambiaría eso, obligando a los alcaldes a rendir cuentas de forma continua y no solo al final de su administración, cuando ya poco puede hacerse.
“Pasemos de la simulación a la fiscalización real. La ciudadanía merece saber qué se está haciendo con sus recursos y cómo avanzan los compromisos de sus gobiernos”, concluyó.
