En un esfuerzo por fortalecer la justicia y proteger la dignidad de las personas, el diputado Otniel García Navarro presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado. La propuesta busca incorporar el delito de falsa acusación, estableciendo penas que van de seis meses a dos años de prisión, dependiendo del caso, y una multa de hasta trescientos días. Esta reforma tiene como objetivo proteger a las personas de acusaciones malintencionadas y garantizar que el proceso judicial se utilice de manera ética y responsable.
La importancia de tipificar el delito de falsa acusación
Otniel García subrayó que el proceso penal no debe ser una herramienta para dañar a personas inocentes o manipular situaciones en beneficio de intereses particulares. Explicó que la falsa acusación se configura cuando una persona, a sabiendas de la falsedad de los hechos, acusa a alguien de un delito con el propósito de perjudicar a otra persona, obtener un beneficio indebido, o exculpar a un tercero. Esta acusación provoca la apertura de una investigación o procedimiento que afecta el honor, la reputación, o incluso la libertad de la persona acusada.
“Cuando el proceso penal se utiliza para dañar o manipular a una persona inocente, no solo se vulneran sus derechos, también se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegernos”, expresó el legislador durante la ampliación de motivos de la iniciativa.
Requisitos para que proceda la pena
Uno de los aspectos clave de la propuesta es que no se procederá penalmente por el delito de falsa acusación antes de que exista una resolución firme que determine la inexistencia del hecho denunciado. Esto podría ocurrir a través de una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento, un archivo definitivo, o una resolución de no ejercicio de la acción penal dictada por la autoridad competente.
Otniel García explicó que esta medida busca equilibrar la justicia, protegiendo a las personas inocentes de acusaciones falsas mientras se asegura que el sistema judicial actúe con responsabilidad y transparencia.
Penas y reparación integral del daño
La reforma establece que quienes sean condenados por falsa acusación enfrentan penas que varían de seis meses a dos años de prisión, además de multas que pueden oscilar entre ciento y trescientos días. Además, la persona condenada deberá cubrir la reparación integral del daño a la víctima, lo que incluye, en su caso, una indemnización por daño moral y la publicación de la resolución absolutoria o de sobreseimiento a costa de la persona condenada, en los términos y medios que determine la autoridad judicial.
Vacío legal y la necesidad de reforma
Otniel García también destacó que el Código Penal actual no contempla de manera explícita el delito de falsa acusación, lo que genera un vacío legal que permite que una persona impute un delito de manera dolosa, con la intención de causar daño, sin enfrentar consecuencias jurídicas. Si bien existen figuras como la falsedad en declaraciones o falso testimonio, estas no sancionan de manera directa a quien inicia deliberadamente un procedimiento penal basado en hechos falsos.
Un paso hacia la justicia ética y pública
El legislador explicó que la reforma responde a la visión de la Cuarta Transformación, que promueve una justicia que camine con la sociedad, escuche y acompañe a las personas. En este sentido, Otniel García subrayó que la justicia no debe ser utilizada como una herramienta de persecución o venganza, sino como un instrumento de verdad, ética pública, y respeto a la dignidad humana.
