Ley 3 de 3: Reforma histórica en Durango
El Congreso del Estado de Durango dio un paso firme hacia la justicia con la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer, una reforma constitucional que marca un antes y un después en la vida pública del estado. Con esta acción legislativa, se refuerza el compromiso de impedir que agresores, violentadores o deudores alimentarios aspiren a un cargo público.
El dictamen fue aprobado por unanimidad, como resultado de iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y PAN, y dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta medida busca salvaguardar los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Objetivo de la ley
¿Qué prohíbe?
La Ley 3 de 3 establece que ninguna persona que haya sido condenada por violencia sexual, violencia familiar o que tenga deudas alimentarias, podrá ocupar cargos de elección popular, ni acceder a puestos dentro del servicio público estatal o municipal.
Fundamento legal
Esta reforma armoniza la legislación estatal con el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que promueven una vida libre de violencia para las mujeres y grupos vulnerables.
Voces del Congreso
Sandra Amaya (Morena)
La diputada Sandra Amaya Rosales, impulsora de la iniciativa, destacó la importancia de esta reforma para proteger a las familias duranguenses:
“Dejaremos de ser observadores de actos irresponsables. Velaremos porque los cargos de elección popular sean ocupados por personas congruentes, comprometidas con sus hijos y con la sociedad.”
“Estamos dando un paso gigantesco para que niñas, niños y adolescentes nunca más tengan que carecer de sus pensiones alimenticias.”
“Esta reforma es un acto de justicia para nuestros infantes, y agradezco el trabajo de mis compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales por este dictamen votado por unanimidad.”
Amaya concluyó su intervención adelantando su voto a favor y solicitando el apoyo del resto de la asamblea legislativa.
Alejandro Mojica (PAN)
Por su parte, el coordinador del PAN, Alejandro Mojica, ofreció un discurso enérgico y contundente que subrayó la importancia social y moral de la Ley 3 de 3:
“Ya basta de simulaciones, ya basta de permitir que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres, niñas y niños que solo quieren vivir en paz.”
“Esta no es una moda, es una exigencia nacional y una respuesta al mandato internacional. Representa una obligación del Estado con los derechos humanos.”
Mojica dejó en claro la postura de Acción Nacional:
“Un agresor no representa a nadie, un violentador no legisla con autoridad moral y un deudor no construye futuro.”
“En Durango, quien aspire a gobernar deberá empezar por respetar.”
“Porque ningún cargo vale más que la integridad de una mujer, la seguridad de una niña o el alimento de un niño.”
Cambios constitucionales
Modificación estatal
Con la aprobación de esta reforma, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango incorpora restricciones claras para la elegibilidad de servidores públicos, blindando las instituciones frente a personas con antecedentes de violencia o incumplimiento parental.
Aplicación directa
La ley tendrá efectos inmediatos, aplicándose en próximos procesos de selección y elección de autoridades, incluyendo candidaturas, nombramientos por designación y contrataciones dentro del servicio público.
Relevancia nacional
La aprobación de la Ley 3 de 3 en Durango se suma a los esfuerzos a nivel federal y en otras entidades del país que buscan cerrar el paso a quienes han vulnerado derechos humanos desde el ámbito familiar o social.
Esta reforma también responde a la presión de colectivos feministas, asociaciones civiles y organismos internacionales, que han exigido durante años acciones concretas para proteger a las víctimas y dignificar el ejercicio público.
Un mensaje a la sociedad
Durango manda un mensaje claro: la política debe estar al servicio de la justicia. Esta reforma no solo protege a los más vulnerables, sino que redefine los estándares de responsabilidad ética y moral que deben regir la función pública.
El proceso legislativo, que logró unir a diferentes fuerzas políticas en torno a una causa común, demuestra que la integridad sí puede ser un requisito indispensable para gobernar. En una época marcada por la exigencia social de transparencia y justicia, esta ley representa una victoria legal, política y humana.
