El estado de Durango se encuentra en proceso de transformación hacia un sistema de justicia más accesible, cercano y eficiente, mediante la creación de una nueva ley: la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Durango.
La iniciativa, presentada por el diputado Ernesto Alanís Herrera y respaldada por el Grupo Parlamentario del PRI (GP-PRI), tiene como objetivo implementar una legislación local que facilite la resolución de conflictos por vías distintas a la judicial, en beneficio directo de la población duranguense.
¿Qué son los MASC?
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son instrumentos jurídicos diseñados para resolver disputas de manera voluntaria y pacífica, sin la necesidad de recurrir al sistema judicial tradicional. Estos mecanismos incluyen la mediación, la conciliación y otros procedimientos autocompositivos.
La esencia de los MASC radica en la voluntad de las partes para alcanzar acuerdos de forma directa o con la asistencia de un tercero neutral, debidamente capacitado y certificado, que facilite el diálogo y la solución del conflicto.
Una ley integral con 188 artículos
La propuesta contempla un total de 188 artículos, configurando un marco normativo amplio que busca promover la cultura del acuerdo y el entendimiento mutuo. Esta ley sustituiría a la actual Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango, vigente desde 2005, ampliando su aplicación a materias civil, familiar, mercantil y administrativa, además de la penal, donde ya se aplican los MASC.
Impulso a una justicia humana e incluyente
Desde el GP-PRI se destaca que la finalidad de esta nueva ley es fortalecer el tejido social a través de una justicia más humana, incluyente y eficiente. En este modelo, el acceso a la justicia no se limita a los tribunales, sino que se extiende a espacios donde se promueva el diálogo y la cooperación entre las partes.
Fundamento constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona puede ejercer justicia por mano propia. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales deben actuar conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.
La implementación de los MASC refuerza estos principios, al ofrecer opciones adicionales para la solución de conflictos, alineadas con los derechos humanos y las normas legales vigentes.
Marco legal nacional ya vigente
El 26 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de observancia obligatoria en todo el país. Esto implica que los estados deben adecuar sus legislaciones para garantizar una aplicación homogénea de los MASC en todo el territorio nacional.
Durango, con esta iniciativa, busca armonizar su normativa local con los lineamientos nacionales, asegurando procedimientos claros, operadores capacitados y estándares de calidad en la prestación de estos servicios.
Atención a conflictos comunitarios con enfoque social
Uno de los aspectos destacados de esta propuesta es la inclusión de mecanismos específicos para abordar conflictos comunitarios, con un enfoque diferencial y una clara perspectiva de derechos humanos. Esto permitirá resolver problemáticas locales tomando en cuenta la diversidad social y cultural del estado.
Profesionalización de mediadores
La ley contempla que los mediadores y facilitadores sean profesionales certificados, con formación especializada para conducir procesos de resolución de conflictos de manera objetiva, ética y eficaz. Esto asegura que los acuerdos alcanzados sean legítimos, equitativos y duraderos.
Principales beneficios de los MASC
Descongestionan el sistema judicial al reducir el número de juicios.
Promueven soluciones rápidas, voluntarias y colaborativas.
Fomentan la cultura del diálogo y la corresponsabilidad.
Favorecen relaciones interpersonales y comerciales más sanas.
Reducen costos y tiempos para las partes involucradas.
Durango como referente en justicia alternativa
Con esta propuesta legislativa, Durango se posiciona como un estado comprometido con la modernización de su sistema legal y con el fortalecimiento del acceso a la justicia para todos sus ciudadanos.
La nueva ley representa un avance significativo en la construcción de una sociedad más participativa y pacífica, donde las diferencias puedan resolverse por la vía del acuerdo, sin necesidad de largos y costosos procesos judiciales.
