La seguridad en Durango está en el ojo del huracán. Y no por una nueva estrategia de patrullaje o por la llegada de más armas a las calles, sino por una propuesta que podría transformar radicalmente la relación entre la ciudadanía y los cuerpos policiales. La diputada Georgina Solorio ha alzado la voz con una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango que propone implementar un Sistema de Justicia Cívica y Mediación Policial.
¿Por qué urge esta reforma?
Los abusos policiales en Lerdo han dejado de ser rumores para convertirse en una preocupación nacional. Y es que los testimonios y denuncias de ciudadanos sobre detenciones arbitrarias, extorsiones y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos policiacos no cesan.
Detenciones arbitrarias masivas
Desde el inicio de mayo, se ha documentado una preocupante práctica: grupos de policías detienen diariamente a jóvenes en bicicleta o motocicleta, sobre todo en zonas rurales y vulnerables de Lerdo. En todos los casos se les acusa de consumo de drogas, pero el patrón es claro: se les exige una cuota de 10 mil pesos para no ser trasladados a Durango. Se otorgan plazos de 1 a 2 horas a las familias para reunir el dinero. ¿Esto no es extorsión?
"Si alguien comete un delito, debe ser canalizado a la autoridad correspondiente, no pagar una cuota que 'purifique' su falta", sentencia Solorio.
Justicia Cívica: una solución viable
La diputada plantea que la Justicia Cívica puede ser la llave para cerrar el paso a estos atropellos. Esta iniciativa se fundamenta en la prevención, el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Se trata de un sistema que apuesta por:
La prevención de conflictos comunitarios menores antes de que escalen.
El fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
La reducción de la corrupción y los abusos policiales.
Una mejor convivencia entre sociedad y autoridades.
Datos que respaldan el cambio
Según el INEGI, el 65% de los duranguenses considera la delincuencia como el principal problema de su comunidad. Aún más alarmante: más del 60% de los conflictos cotidianos no se resuelven por vías institucionales.
La situación actual muestra un sistema de justicia rebasado, que no atiende adecuadamente los conflictos vecinales, familiares o sociales menores. Estos problemas se acumulan, deterioran el tejido social y alimentan la percepción de inseguridad.
Capacitación y profesionalización policial
La propuesta también contempla que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango capacite a sus elementos en:
Justicia Cívica
Mediación Policial
Trato Digno
El objetivo es que puedan intervenir en conflictos no penales utilizando herramientas de la justicia restaurativa y que trabajen en coordinación con los juzgados cívicos municipales.
Inspiración nacional: Modelo Sheinbaum
La iniciativa se alinea con el Modelo Homologado de Justicia Cívica promovido a nivel nacional por la Dra. Claudia Sheinbaum. Experiencias en la Ciudad de México y el Estado de México han demostrado que este modelo puede reducir en un 30% las faltas administrativas y aumentar la confianza ciudadana.
Marco constitucional y respaldo jurídico
La base legal de esta propuesta descansa en el artículo 17 constitucional, que promueve los medios alternativos de solución de conflictos como una forma eficaz de acceso a la justicia. Además, está respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué se juega Durango?
Durango está ante una disyuntiva: seguir normalizando la violencia institucional y los abusos de poder, o avanzar hacia un modelo donde el respeto, el diálogo y la legalidad sean la regla y no la excepción. La Justicia Cívica no es una moda; es una necesidad urgente.
La propuesta de Georgina Solorio no solo es valiente, sino absolutamente necesaria. Durango podría convertirse en ejemplo nacional si decide apostar por la mediación, la dignidad y la prevención, en lugar de seguir parchando un sistema que hace agua.
