El diputado Iván Soto Mendía propuso reformar la Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación para garantizar que las personas indígenas reciban atención digna, adecuada y sin discriminación en las instituciones públicas, sin que hablar una lengua distinta al español represente un obstáculo para ejercer sus derechos.
Buscan eliminar barreras de comunicación
Durante la ampliación de motivos, el legislador explicó que, aunque la Constitución reconoce la igualdad de derechos sin importar el origen, la lengua o las costumbres, todavía existen dificultades para que las comunidades indígenas puedan comunicarse y realizar trámites ante las dependencias gubernamentales.
Señaló que algunas personas enfrentan problemas para explicar sus necesidades, comprender los requisitos o conocer los documentos que deben presentar al solicitar un servicio público.
Plantean incorporar personal preparado para orientar
La iniciativa propone contar con personas capacitadas para orientar, acompañar y facilitar la comunicación entre quienes hablan una lengua indígena y los servidores públicos.
Iván Soto destacó que esta medida no busca establecer privilegios, sino proporcionar herramientas que permitan garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los servicios gubernamentales.
Asimismo, consideró que la propuesta también beneficiaría a los trabajadores de las instituciones públicas, al facilitar la comunicación, evitar confusiones y ofrecer una atención más eficiente y humana.
Proponen avanzar hacia instituciones interculturales
“Esta iniciativa representa avanzar de un modelo asistencialista a uno verdaderamente intercultural, donde las instituciones no solo atiendan, sino comprendan; no solo informen, sino acompañen; no solo escuchen, sino respeten”, afirmó el diputado.
Buscan garantizar el respeto a las lenguas indígenas
Finalmente, Soto Mendía reconoció que la propuesta no resolverá por sí sola todas las desigualdades históricas que enfrentan los pueblos indígenas, pero sostuvo que representa un paso para construir instituciones más cercanas, sensibles y preparadas para atender sus necesidades.
Con esta iniciativa, el legislador busca fortalecer el reconocimiento de la diversidad lingüística y garantizar que ninguna persona tenga que renunciar a su lengua para recibir atención del gobierno.
