El diputado Bernabé Aguilar Carrillo presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier acto de discriminación en sus servicios. Esta propuesta busca que el acceso a una defensa legal adecuada deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos los ciudadanos, sin importar su condición social, étnica o física.
Justicia sin barreras estructurales
Aguilar Carrillo señaló que factores como el origen étnico, la discapacidad o la situación migratoria no deben ser impedimentos para recibir asesoría legal de calidad. Estas condiciones se convierten a menudo en barreras que limitan el acceso real a la justicia en la Defensoría Pública, afectando gravemente a los sectores más vulnerables de la población que requieren acompañamiento jurídico.
Panorama de vulnerabilidad en México
Según datos del INEGI, más de 25 millones de personas en el país se identifican como indígenas, mientras que el 6 por ciento de la población vive con alguna discapacidad. A esto se suman miles de migrantes que enfrentan discriminación constante al intentar acceder a servicios básicos y atención jurídica gratuita, quedando desprotegidos ante la ley.
Realidad en las instituciones actuales
El legislador advirtió que las prácticas discriminatorias persisten incluso en las instituciones encargadas de brindar asesoría legal gratuita. Por ello, considera urgente implementar acciones permanentes que corrijan estas deficiencias dentro de la Defensoría Pública para garantizar un trato digno y humano a quienes solicitan el servicio.
Propuestas clave de la reforma institucional
La iniciativa contempla la creación de mecanismos medibles para identificar y prevenir actos de exclusión de manera constante. Se busca transformar la respuesta del Estado ante las necesidades de quienes históricamente han sido olvidados por el sistema judicial, garantizando que la ley se aplique con equidad.
Capacitación y protocolos interculturales
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal. Asimismo, se propone la implementación de protocolos de atención con un enfoque intercultural e incluyente, asegurando que los servicios de la Defensoría Pública se adapten a la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía.
Registro y seguimiento de casos de exclusión
La reforma también incluye la creación de sistemas de registro para detectar y dar seguimiento a prácticas discriminatorias detectadas. Esto permitirá evaluar el desempeño institucional y asegurar que se tomen medidas correctivas inmediatas cuando se vulneren los derechos de los usuarios en cualquier oficina de atención.
Alineación con la Cuarta Transformación
Finalmente, Bernabé Aguilar subrayó que esta propuesta responde a los principios de la Cuarta Transformación al poner en el centro a los pueblos originarios y personas con discapacidad. Al fortalecer la Defensoría Pública, se busca construir un sistema donde la justicia sea un pilar de equidad social para todos los duranguenses, eliminando los privilegios en el acceso legal.
