Congreso aprueba eliminación del IDAIP
Con una votación histórica y en medio de un debate que ha captado la atención ciudadana, el Congreso del Estado de Durango aprobó la desaparición del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), tras avalar una serie de reformas a la Constitución Política del Estado. Esta decisión se basa en la iniciativa promovida por los integrantes de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación”, quienes argumentaron que esta medida busca optimizar recursos públicos y fortalecer la eficiencia gubernamental.
Qué implica la reforma
La reforma implica la extinción de un Órgano Constitucional Autónomo, el IDAIP, que será eliminado con el objetivo de simplificar la estructura del aparato gubernamental y redirigir el gasto público hacia áreas prioritarias para la sociedad. Aunque su eliminación ha causado diversas reacciones, tanto en el ámbito político como social, las autoridades aseguran que la ciudadanía seguirá contando con los mecanismos de acceso a la información y protección de datos personales a través de nuevos canales.
Proceso de liquidación
Personalidad jurídica limitada
Aunque el IDAIP desaparecerá como organismo activo, conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Designación del liquidador
La responsabilidad de llevar a cabo este proceso recaerá en un liquidador designado por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, quien contará con amplias facultades legales para administrar, actuar en juicios, suscribir títulos de crédito y ejecutar todos los actos necesarios para lograr una liquidación ágil y ordenada.
Cambio de funciones
Transferencia a nuevos entes
Las funciones del IDAIP serán asumidas por los Órganos Internos de Control de los entes públicos, lo cual, según los legisladores, garantizará la continuidad del servicio, al tiempo que se reducen costos administrativos.
Esta transferencia tiene como meta mejorar la operación de los servicios relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos, sin que esto represente una afectación directa para los ciudadanos.
Cierre ordenado
Todos los asuntos que estén en trámite al momento de entrar en vigor el decreto, serán atendidos por los titulares de las unidades administrativas del IDAIP, quienes seguirán en funciones hasta que se formalice el inicio del proceso de liquidación. Durante este tiempo, el Consejo General del Instituto continuará operando.
Impacto en los trabajadores
Fin de relaciones laborales
Con la entrada en vigor del decreto, se dará por terminada la relación jurídico-laboral entre el IDAIP y sus trabajadores. Solo los servidores públicos que estén atendiendo los asuntos pendientes seguirán en funciones como trabajadores transitorios, con el fin de garantizar la conclusión de los expedientes en curso.
Este punto ha generado inquietud entre los empleados del instituto, así como entre organizaciones civiles que temen una posible pérdida de independencia y transparencia en el manejo de la información pública.
Justificación de la medida
Principios de austeridad
Desde el Congreso local, se ha argumentado que la medida responde a los principios de austeridad republicana, racionalidad administrativa y eficiencia en el uso de recursos públicos. La intención es enfocar el gasto del estado hacia áreas de mayor impacto social, como salud, educación o seguridad.
Según los impulsores de la reforma, la existencia de organismos duplicados o con funciones que pueden ser absorbidas por otras dependencias genera una carga presupuestal innecesaria.
Visión de transformación
La Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación” ha defendido esta iniciativa como parte de un modelo de gobierno que busca mayor centralización funcional, transparencia mediante mecanismos internos y reducción de gastos superfluos.
Aunque sectores de oposición y organizaciones civiles han mostrado reservas respecto a la pérdida de autonomía institucional, los legisladores insisten en que se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información.
