La diputada Dany Soto Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado para fortalecer la protección de docentes, directivos y personal administrativo ante denuncias deliberadamente falsas, amenazas y acoso.
Buscan proteger a docentes ante acusaciones falsas
La iniciativa plantea establecer medidas de protección para el personal educativo y reforzar las garantías de audiencia, defensa y debido proceso durante la atención de quejas y denuncias dentro de las instituciones escolares.
“Una escuela segura necesita estudiantes protegidos, familias escuchadas y docentes que puedan ejercer su vocación sin miedo”, expresó la legisladora.
La propuesta distingue entre denuncia y falsedad deliberada
Soto Hernández subrayó que una denuncia que no logra acreditarse no necesariamente es falsa. Para establecer responsabilidad penal, explicó, tendría que demostrarse que quien presentó la acusación conocía que los hechos señalados eran falsos.
También contempla amenazas y manipulación de menores
En materia penal, la propuesta plantea sanciones específicas para amenazas dirigidas a intimidar o coaccionar al personal educativo en el ejercicio de sus funciones, así como para acusaciones deliberadamente falsas presentadas ante las autoridades.
También propone considerar como agravante que una persona adulta utilice intencionalmente a una niña, niño o adolescente para sostener una acusación que sabe falsa.
Plantean fortalecer el debido proceso
El segundo eje de la iniciativa busca que las quejas y denuncias sean atendidas con objetividad, confidencialidad y respeto al debido proceso, garantizando el derecho de audiencia y defensa de las personas señaladas.
Asimismo, se plantea que las medidas provisionales estén debidamente fundamentadas y sean proporcionales al riesgo identificado.
La propuesta busca, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora, proteger tanto a quienes denuncian de buena fe como al personal educativo frente a acusaciones deliberadamente falsas, sin impedir que los casos legítimos sean investigados por las autoridades.
