El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la minuta de reforma constitucional que permitirá al Senado de la República expedir la Ley General contra la Extorsión. Este paso se enmarca dentro de los esfuerzos para combatir este delito de oficio, homologar las penas y agravantes a nivel nacional, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
Durango se convierte así en el decimoséptimo poder legislativo del país en apoyar este proyecto nacional para combatir la extorsión. La reforma busca establecer un marco jurídico más claro y efectivo para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, un delito que ha crecido en los últimos años, afectando la tranquilidad y estabilidad económica de muchas familias y empresas.
Un paso hacia la coordinación nacional
El análisis y dictamen de la reforma
Tras recibir la minuta de reforma por correspondencia, el Congreso de Durango analizó y dictaminó el documento en la Comisión de Puntos Constitucionales. Posteriormente, fue puesta a consideración del Pleno para su votación, donde obtuvo el respaldo unánime de los legisladores presentes.
Durante la discusión, Ernesto Alanís Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que esta reforma es parte de la iniciativa de la Presidencia de la República, que busca incorporar la extorsión a los delitos que deben regularse a través de una ley general, siguiendo el ejemplo de otros delitos como el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas.
“El Congreso de la Unión podrá emitir una legislación que unifique criterios, elimine vacíos legales y establezca un marco jurídico nacional que permita la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión de manera integral”, comentó Alanís Herrera durante su intervención.
El apoyo de los legisladores
Verónica González Holguín, diputada del Grupo Parlamentario del PAN, también intervino durante la discusión, destacando que la extorsión es uno de los delitos más perniciosos para la tranquilidad social, la actividad económica y la confianza de las familias en el Estado. Mencionó que la extorsión atemoriza a las comunidades, afectando especialmente a los negocios pequeños y familias vulnerables que tienen menos recursos para defenderse.
Por su parte, la diputada Flora Leal Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó la gran trascendencia de esta reforma, considerando que la extorsión representa una amenaza directa al desarrollo económico y social de Durango y del país. Leal Méndez subrayó la importancia de dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar de manera efectiva para proteger a la ciudadanía y garantizar la paz social.
“La extorsión es un cáncer social que debe ser erradicado a través de una legislación clara y unificada, que permita a las autoridades actuar de manera rápida y efectiva”, concluyó la diputada Leal Méndez.
La extorsión como amenaza a la seguridad y economía
Impacto social y económico de la extorsión
La extorsión es un delito que afecta a muchas familias y negocios en todo el país. En Durango, como en otros estados, la extorsión se ha convertido en una amenaza real que socava la seguridad pública y económica. El miedo constante de ser víctima de extorsión genera un ambiente de inseguridad que impacta negativamente en la calma social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Los negocios de todos los tamaños se ven afectados, especialmente aquellos de menor tamaño, que son más vulnerables a estos actos delictivos. El miedo a las represalias o a las consecuencias legales lleva a muchas personas a ceder ante las demandas de los extorsionadores, lo que a su vez alimenta este círculo vicioso de criminalidad.
Fortalecimiento del marco jurídico y la coordinación federal
La reforma constitucional que ha aprobado el Congreso de Durango es un paso importante para crear un marco jurídico que no solo establezca penas más estrictas para los responsables de la extorsión, sino también para garantizar una coordinación efectiva entre las autoridades federales y estatales.
Este proyecto nacional permitirá homologar las penas y las agravantes para la extorsión a nivel nacional, lo que hará más fácil que las autoridades puedan actuar de manera unificada contra este delito. Además, la reforma busca eliminar vacíos legales que han sido aprovechados por los delincuentes para eludir las penas.
Durango se suma a la lucha contra la extorsión
Durango, ejemplo de unidad legislativa
Con la aprobación de esta reforma, Durango se convierte en uno de los primeros estados en respaldar esta importante iniciativa. Al unirse a la lucha nacional contra la extorsión, el Congreso de Durango envía un mensaje claro: que la unidad legislativa y la cooperación entre gobiernos son clave para erradicar este delito.
Además, el respaldo unánime de los legisladores refleja un compromiso compartido con la seguridad y el bienestar de los duranguenses, ya que la extorsión es un crimen que afecta a todos los sectores de la sociedad, desde las familias hasta los empresarios.
