Con el firme objetivo de combatir la violencia sexual y evitar que la gestación en menores se normalice, la diputada Delia Enríquez Arriaga presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado. Esta propuesta busca establecer mecanismos legales que permitan identificar casos de abuso y garantizar que las menores no enfrenten solas situaciones de vulnerabilidad. El enfoque principal es evitar que las historias de embarazos tempranos pasen desapercibidas ante las autoridades, asegurando que el Estado cumpla con su obligación de protección y justicia.
Notificación obligatoria al Ministerio Público
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora explicó que la reforma plantea la notificación obligatoria al Ministerio Público cuando se presenten partos de niñas menores de 15 años. Esta medida no tiene como fin la criminalización de la menor, sino el reconocimiento de que el origen de esos embarazos tempranos puede ser un delito que requiere la intervención inmediata de la justicia. La intención es romper ciclos de abuso que, por falta de reporte, suelen quedar en la impunidad.
Protección y acceso a la justicia
La diputada enfatizó que la notificación debe verse como una herramienta de protección y no de persecución. Al informar a la autoridad ministerial, se abre una puerta para que las víctimas de violencia sexual reciban el acompañamiento necesario. En Durango, se busca que ninguna niña que debería estar en la escuela termine en una sala de parto sin que el Estado investigue el trasfondo de su situación, priorizando siempre el bienestar de la infancia.
Valoración integral para adolescentes
Como segunda medida estratégica, la iniciativa contempla una atención especializada para adolescentes de entre 15 y 17 años que enfrentan embarazos tempranos. La propuesta exige realizar una valoración integral que incluya los siguientes aspectos:
Atención médica: Seguimiento puntual de la salud física de la madre y el bebé.
Valoración psicológica: Apoyo emocional para enfrentar las implicaciones del embarazo.
Análisis social: Detección de factores de exclusión, desigualdad o falta de oportunidades.
Detección de violencia: Identificación de casos de dependencia o violencia de género no visibles.
Un paso hacia un Durango más justo
Delia Enríquez subrayó que estos factores están profundamente ligados a la exclusión social y la falta de oportunidades. Al actuar a tiempo con una visión multidisciplinaria, se pueden evitar mayores afectaciones a la salud física y emocional de las menores. La legisladora reiteró que por el bienestar de todas, primero las niñas, y que esta reforma es un paso firme hacia un estado más digno y seguro donde el futuro de las jóvenes no se vea truncado por la impunidad.
Bienestar integral como prioridad estatal
Finalmente, la propuesta destaca que una atención integral permite detectar situaciones de riesgo que muchas veces quedan ocultas en el entorno familiar o social. Con este marco legal, el personal de salud tendrá la pauta clara para actuar, convirtiéndose en el primer filtro para garantizar que las víctimas de embarazos tempranos reciban la protección que la ley les otorga.
La iniciativa representa un avance significativo en la agenda de género y derechos humanos en la entidad, buscando que la salud pública sea también un mecanismo eficiente de acceso a la justicia para las niñas duranguenses.
