En el marco del análisis del denominado Plan B, diversos integrantes del Congreso han coincidido en la necesidad de implementar una austeridad responsable que no comprometa la democracia ni el equilibrio institucional del país. Los legisladores Rocío Rebollo Mendoza y Osbaldo Santillán destacaron que, si bien el ahorro público es una prioridad, este debe realizarse bajo un enfoque que proteja la representación ciudadana y la funcionalidad de los poderes públicos.
Defensa del federalismo y equilibrio de poderes
La diputada Rocío Rebollo Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que cualquier ajuste en las reglas que incidan en los congresos locales o ayuntamientos debe realizarse con una profunda visión de Estado. Según la legisladora, las modificaciones a la arquitectura institucional no son simples trámites administrativos, sino que afectan directamente el equilibrio del poder en todo el territorio nacional.
Diálogo y consenso como base de la reforma
Para Rebollo, las reformas de gran calado deben construirse forzosamente mediante el consenso y el diálogo. Subrayó la importancia de respetar el pacto federal para evitar que los recortes debiliten la capacidad de legislar, fiscalizar y representar a la gente. La funcionaria reconoció que la eficiencia en el gasto es un principio válido, siempre que no se vulneren los derechos laborales ni la operatividad del Poder Legislativo.
Puntos clave para la salud democrática
Garantizar la pluralidad política en la toma de decisiones.
Mantener la estructura operativa necesaria para la fiscalización.
Evitar que los ajustes presupuestarios afecten la representación ciudadana.
Reinversión estratégica para el bienestar social
Por su parte, el diputado Osbaldo Santillán, representante del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la austeridad responsable debe traducirse de manera inmediata en beneficios tangibles para la población. El legislador enfatizó que el ahorro de recursos no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una correcta reinversión en políticas públicas que atiendan las causas sociales más urgentes de la ciudadanía.
Justicia social y sostenibilidad ambiental
Desde la visión del Partido Verde, el crecimiento del país debe ir de la mano con la sostenibilidad y la justicia social. Santillán hizo un llamado a utilizar el recurso público de forma honesta para generar un bienestar real, enfocándose en resolver los problemas económicos y ambientales que aquejan a la sociedad, alejándose de los cálculos políticos inmediatos para priorizar el desarrollo colectivo.
Hacia un Estado más eficiente y equitativo
El legislador concluyó que es tiempo de construir un Estado más comprometido con su gente a través de un ejercicio honesto del poder. La propuesta integral busca que el ahorro gubernamental se transforme en justicia social, asegurando que las medidas de eficiencia administrativa fortalezcan la confianza ciudadana y garanticen un futuro con mayor equidad para todos los mexicanos.
