El diputado Iván Soto Mendía presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad privada en Durango. La propuesta busca brindar certeza jurídica a las empresas y establecer con claridad las causales específicas para la revocación de autorizaciones, garantizando que este servicio opere bajo principios de transparencia y responsabilidad absoluta hacia el interés público.
Un sistema de seguridad más responsable
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Soto Mendía resaltó que la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés particular. Aunque Durango cuenta con una normativa en la materia desde el año 2016, el legislador subrayó que toda ley es perfectible y que es necesario dar un paso firme hacia un sistema alineado con el bienestar social y la transparencia administrativa.
La seguridad como acto administrativo condicionado
El diputado recordó que el otorgamiento de una autorización para prestar servicios de seguridad privada en Durango no es un derecho absoluto ni una concesión permanente. Se trata de un acto administrativo condicionado al cumplimiento estricto de la ley. El Estado solo permite esta actividad cuando se demuestra que no representa un riesgo para la sociedad y se acatan todas las disposiciones legales vigentes.
Nuevas causales para la revocación de autorizaciones
La reforma propone especificar las situaciones bajo las cuales una empresa perderá su permiso de operación. Estas medidas buscan depurar el sector y proteger a las instituciones que sí cumplen con la normativa.
Control de confianza y transparencia informativa
Dentro de las causales de revocación se incluye la incorporación de personal que no haya aprobado previamente los exámenes de control de confianza ante la autoridad competente. Asimismo, será motivo de cancelación inmediata el otorgar documentación o información falsa durante los trámites de obtención de permisos o en las revisiones periódicas. También se sancionará la negativa rotunda a permitir las prácticas de revisión debidamente notificadas por la autoridad.
Uso indebido de insignias y armamento
Otro punto crítico de la propuesta es el uso de recursos materiales. Se revocará la autorización si las empresas utilizan vehículos o personal con insignias, escudos o colores oficiales pertenecientes a instituciones de seguridad pública. De igual forma, la localización de armas no autorizadas o de uso exclusivo del ejército durante las inspecciones será causa de retiro del permiso.
Delitos graves y recursos ilícitos
La iniciativa es contundente al señalar que el uso de recursos de procedencia ilícita para la operación de la empresa será motivo de revocación. Además, se establece una política de cero tolerancia ante la participación de personal en delitos graves, específicamente en casos de desaparición forzada de personas.
Protección para empresas responsables
Iván Soto reiteró que esta iniciativa no tiene la intención de criminalizar ni obstaculizar a quienes prestan servicios de seguridad privada en Durango de manera profesional. Por el contrario, busca brindar protección a quienes cumplen con la ley, fortaleciendo el sistema de supervisión y asegurando que la competencia en el sector sea justa y segura para todos los ciudadanos.
