La presidenta municipal, Betzabé Martínez Arango, efectuó un recorrido de supervisión en el ejido La Torreña, donde visitó una empresa del ramo y dialogó con sus representantes para coordinar el nuevo plan de ordenamiento de la industria del mármol en la región.
Proyecto de reordenamiento en el Corredor Dinamita
La comitiva oficial inspeccionó las condiciones del terreno para establecer lineamientos técnicos que concilien el desarrollo económico con la salud pública.
Beneficios e incentivos para las empresas locales
Acompañada por personal de Obras Públicas y Ecología, la Alcaldesa envió un mensaje de cooperación a las 16 plantas registradas en el padrón.
Mitigación de contaminantes en La Torreña
Martínez Arango puntualizó que la meta en el denominado Corredor Dinamita-La Torreña no es hostigar a los empresarios, sino incentivarlos y beneficiarlos para que la industria del mármol opere bajo el marco legal. El plan busca sanear el entorno mediante la propuesta de una doble barrera perimetral compuesta por cercos y árboles, diseñada específicamente para mitigar la dispersión de polvo suspendido que afecta directamente la calidad de vida y la salud de los habitantes gomezpalatinos de los alrededores.
Reciclaje de residuos industriales para carreteras
Las dependencias operativas analizan las propiedades técnicas de los desechos acumulados para reincorporarlos a la obra pública del municipio.
Durante el recorrido por las zonas de acopio donde se alzan montículos de polvo y pedacería, personal de Obras Públicas tomó muestras físicas del material. El objetivo técnico es determinar la factibilidad científica de utilizar los residuos generados por la industria del mármol como materia prima para la construcción y pavimentación de carreteras en el medio rural, transformando un problema ecológico en una solución de infraestructura.
Cumplimiento estricto de la normativa ambiental
El Ayuntamiento vigilará de forma permanente que los procesos internos cumplan de manera justa con los lineamientos de ecología.
La Alcaldesa concluyó señalando que lo solicitado a las empresas responde estrictamente a lo justo y lo legal en materia de normas ambientales. Esta regularización protege tanto a las familias que habitan en las zonas contiguas como a los propios obreros que laboran en el interior de las plantas procesadoras, asegurando un cambio radical en el funcionamiento de esta actividad económica.
