La diputada Sandra Amaya Rosales presentó una iniciativa para establecer pruebas antidoping obligatorias, periódicas y aleatorias a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de Durango, con el propósito de fortalecer los controles internos y garantizar que los elementos desempeñen sus funciones en condiciones adecuadas.
Proponen pruebas toxicológicas obligatorias para policías
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena planteó reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de establecer mecanismos de evaluación que permitan detectar el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o cualquier otra que pueda alterar las capacidades físicas y mentales de los servidores públicos.
“No se trata de desconfiar de nuestras corporaciones; se trata de fortalecerlas”, expresó la legisladora al presentar su propuesta ante el Congreso del Estado.
Buscan establecer controles periódicos y aleatorios
La iniciativa contempla adicionar disposiciones al artículo 85 para establecer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que afecten el desempeño policial.
También propone impedir que los integrantes de las corporaciones se presenten a trabajar bajo los efectos de sustancias que alteren su estado físico o mental, considerando las excepciones correspondientes al uso de medicamentos prescritos legalmente por profesionales de la salud.
Gómez Palacio ya realizó pruebas sorpresa
Como referencia, Sandra Amaya mencionó que entidades como Nuevo León y Zacatecas cuentan con evaluaciones toxicológicas para sus elementos policiales.
Asimismo, destacó las acciones realizadas en Gómez Palacio, donde en mayo de 2026 se promovieron pruebas antidoping sorpresa para aproximadamente 200 elementos de Tránsito y Vialidad.
La iniciativa contempla garantías para los policías
La legisladora aclaró que la propuesta no busca criminalizar ni estigmatizar a los integrantes de las corporaciones, sino fortalecer la disciplina institucional y generar mayor confianza ciudadana.
Para ello, plantea que las evaluaciones se realicen bajo criterios técnicos y garantías jurídicas.
Además, establece que cualquier resultado positivo preliminar deberá confirmarse mediante procedimientos analíticos correspondientes, protegiendo los datos personales y garantizando el derecho de audiencia y el debido proceso.
La iniciativa busca incorporar estos controles a la legislación estatal, aunque su aplicación dependerá del proceso legislativo correspondiente.
