El Grupo Parlamentario del PRI en Durango presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Educación estatal, con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de maestras, maestros y personal educativo frente a amenazas, intimidaciones y acusaciones deliberadamente falsas.
La diputada Daniela Soto Hernández explicó que la propuesta busca proteger la dignidad y trayectoria profesional del magisterio, sin impedir que estudiantes y familias denuncien posibles abusos.
¿Qué plantea la iniciativa del PRI?
La propuesta contempla dos ejes principales: establecer medidas de protección frente a amenazas y acusaciones presentadas a sabiendas de su falsedad, y reforzar las garantías de audiencia, defensa y debido proceso en la atención de quejas dentro de las instituciones educativas.
Buscan sancionar amenazas y denuncias falsas
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa plantea sanciones para quienes intimiden al personal docente, directivo y administrativo por el ejercicio de sus funciones, así como para quienes presenten ante las autoridades acusaciones sabiendo que los hechos señalados son falsos.
También propone una agravante cuando una persona adulta manipule deliberadamente a niñas, niños o adolescentes para sostener una acusación falsa.
La propuesta mantiene la protección de los estudiantes
Soto Hernández subrayó que la iniciativa no busca otorgar impunidad ni proteger a quienes cometan violencia, acoso o abuso contra estudiantes. Señaló que las denuncias deben investigarse y que la responsabilidad debe acreditarse conforme a la ley.
Daniela Soto expone antecedentes en Gómez Palacio
Como antecedente, la diputada mencionó el caso del director de la Escuela Secundaria Técnica número 68 de Gómez Palacio, quien fue separado de sus funciones en enero de 2024 tras señalamientos por presunto acoso laboral y sexual. Según lo expuesto por la legisladora, semanas después las autoridades educativas informaron que las investigaciones no habían encontrado elementos para sustentar las acusaciones y anunciaron su reincorporación.
Asimismo, recordó que la Sección 44 del SNTE informó en julio de 2026 haber dado seguimiento a por lo menos diez expedientes de presuntas acusaciones falsas contra docentes, sin que ello implique que todos hayan sido acreditados judicialmente como tales.
La iniciativa busca conciliar la seguridad del alumnado con los derechos del personal educativo. Su presentación abre la discusión legislativa sobre las garantías que deben existir para todas las personas involucradas en los procedimientos escolares.
