El diputado Iván Soto Mendía pidió fortalecer la protección jurídica de las maestras y los maestros de Durango frente a amenazas, hostigamiento y acusaciones que no logren acreditarse, sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, llamó a construir una propuesta que brinde certeza al personal educativo y garantice la protección de toda la comunidad escolar.
Iván Soto advierte temor entre docentes de Durango
Durante su intervención en tribuna, el legislador afirmó que algunos integrantes del magisterio sienten temor de ejercer sus funciones, llamar la atención a un estudiante o aplicar medidas disciplinarias ante posibles conflictos con madres y padres de familia.
“Hay maestras y maestros que hoy tienen miedo de ejercer su profesión, miedo de llamar la atención a un estudiante, de aplicar una medida disciplinaria o de enfrentar un conflicto con algún padre de familia”, expresó.
¿Qué plantea la iniciativa para proteger a los maestros?
Soto Mendía recordó que su bancada presentó una iniciativa para fortalecer la seguridad jurídica del personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan afectar su trayectoria profesional, estabilidad laboral y entorno familiar.
El diputado advirtió que una acusación sin fundamento puede perjudicar una carrera construida durante décadas, especialmente cuando se producen separaciones del cargo, cambios de escuela o exhibiciones públicas antes de que concluyan las investigaciones.
No obstante, aclaró que su propuesta no busca desestimar las denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas. Subrayó que corresponde a las autoridades competentes investigar cada caso conforme a derecho.
Piden escuchar al magisterio y a especialistas en derechos infantiles
El legislador señaló que, según su exposición, otros congresos estatales, entre ellos los de Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero, han aprobado iniciativas relacionadas con la seguridad jurídica de los trabajadores de la educación.
Finalmente, solicitó a las comisiones legislativas encargadas de analizar la propuesta que escuchen al magisterio, las autoridades educativas, las familias y los especialistas en derechos de la infancia.
El objetivo, sostuvo, es construir una regulación equilibrada en la que la protección de los docentes y los derechos de los estudiantes puedan coexistir, sin impedir la presentación ni la investigación de denuncias legítimas.
