Alrededor de 50 mil personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo deben cumplir con la presentación de su declaración patrimonial en Durango en su modalidad de modificación durante este mes de mayo. Isolda del Rosario González Cisneros, titular de la SECOTED, informó que el plazo definitivo para este trámite correspondiente al ejercicio 2025 vence el 31 de mayo. Esta obligación constitucional aplica para todos los niveles jerárquicos de la administración estatal.
Proceso digital en DeclaraDurango
La funcionaria estatal precisó que el cumplimiento de la declaración patrimonial en Durango debe realizarse obligatoriamente a través de la plataforma digital DeclaraDurango. Este sistema permite que el proceso sea ágil, transparente y totalmente seguro para los usuarios.
Acceso y disponibilidad total
Para facilitar el trámite, el portal DeclaraDurango se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias a esta disponibilidad constante, los funcionarios pueden ingresar su información de manera oportuna desde cualquier dispositivo con internet.
Convenios de ahorro y colaboración
Como parte del respaldo del gobernador Esteban Villegas Villarreal a los municipios, se firmaron convenios con 37 ayuntamientos para el uso gratuito de esta tecnología. Esto ha generado un ahorro significativo al evitar la compra de software especializado. Además, siete instituciones autónomas, incluyendo el Poder Judicial y la CEDHED, también utilizan este sistema para su declaración patrimonial en Durango.
Obligación legal y combate a la corrupción
Presentar la declaración patrimonial en Durango no es solo un requisito administrativo, sino un compromiso señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta la fecha, se han registrado más de 11 mil servidores de los 50 mil obligados, siendo mayo el mes de mayor cumplimiento histórico.
Consecuencias por incumplimiento
El llamado de la SECOTED es a cumplir en tiempo y forma para evitar procesos legales. No presentar el documento constituye una falta administrativa no grave, la cual puede derivar en las siguientes sanciones según la normativa vigente:
Amonestaciones públicas o privadas.
Suspensión del cargo por un periodo de uno a 30 días.
Destitución definitiva de la persona servidora pública.
Inhabilitación para ejercer cargos públicos desde tres meses hasta un año.
Compromiso con un gobierno transparente
El objetivo primordial de esta medida es fortalecer un gobierno responsable e íntegro bajo los lineamientos nacionales y locales de prevención de la corrupción. La secretaria González Cisneros enfatizó que la transparencia patrimonial es un compromiso personal dentro de la gestión estatal para rendir cuentas claras a la ciudadanía.
