El legislador Arturo Yáñez Cuéllar presentará próximamente una iniciativa para reformar la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. El objetivo central de esta propuesta es garantizar que la derrama económica generada por la infraestructura nacional beneficie directamente a las comunidades locales. Con un gasto federal que supera el billón de pesos anuales, el diputado busca que el dinero del pueblo se quede efectivamente con el pueblo, impulsando la industria y el comercio en las regiones donde se ejecutan los proyectos.
Impulso a la economía local y regional
La iniciativa de Arturo Yáñez establece que al menos el 70 por ciento del valor de cada contrato de obra pública debe asignarse a empresas, materiales y servicios originarios de la propia entidad federativa donde se realiza el trabajo. Esta medida pretende evitar que los recursos se fuguen a otras regiones, asegurando que la inversión dinamice la economía interna de cada estado y fortalezca la cadena de proveedores regionales que hoy exigen mayor participación.
Mano de obra local como prioridad
Un punto fundamental de la reforma es el enfoque en el empleo digno. El legislador propondrá que al menos el 50 por ciento de la mano de obra contratada sea local, integrada por trabajadoras y trabajadores que vivan en la región del proyecto. De esta manera, el salario de los empleados se consume en los comercios de su propia comunidad, lo que permite que cada peso invertido en obra pública se multiplique, generando un impacto social positivo y directo en las familias mexicanas.
Licitaciones justas para empresas del estado
Para garantizar el acceso real a los contratos federales, la propuesta de Arturo Yáñez incluye una regla de equidad en los procesos de licitación. Se buscará que, obligatoriamente, al menos una de las empresas convocadas para concursar por una obra pública sea originaria del estado ejecutor. Esto fomenta una competencia sana y permite que las constructoras locales demuestren su capacidad técnica, recibiendo los beneficios directos de la infraestructura que se levanta en su propio territorio.
Justicia económica y desarrollo regional
Para el diputado, la construcción de infraestructura no debe ser solo un asunto de concreto y acero, sino un instrumento de justicia económica. Al priorizar a los proveedores y trabajadores de la región, la obra pública se convierte en un motor de desarrollo que levanta a la gente al mismo tiempo que se levanta la infraestructura. Esta visión busca que los estados no sean únicamente el escenario de las obras, sino los principales beneficiarios de la riqueza generada.
La reforma planteada por Arturo Yáñez es un paso necesario para reconocer la dignidad de las comunidades. Cuando la inversión se queda en casa, se fortalece la industria local y se genera un crecimiento equilibrado en todo el país, garantizando que el desarrollo regional sea una realidad tangible para todos los sectores productivos involucrados.
